Miles de personas que tienen la nacionalidad dominicana la perderían luego de que el Tribunal Constitucional de República Dominicana ordenó el jueves de la semana pasada dar tratamiento de extranjeros a todos los nacidos en el País desde 1929 pero de padres inmigrantes ilegales, especialmente haitianos.
El fallo es inapelable y le concede a la Junta Central Electoral un año de plazo para elaborar una lista de personas nacidas después de 1929 a las que se les quitará la nacionalidad dominicana.
La medida abarca a los haitianos traídos al País, en su mayoría, como trabajadores agrícolas después de 1929 y a sus descendientes pues según la Constitución, promulgada en 2010, y a una ley de migración de 2004, los hijos de inmigrantes sin autorización legal para vivir en el País no pueden ser considerados dominicanos debido a que a sus padres ahora se les considera extranjeros “en tránsito”.
“¡Eso es una aberración!”, dijo Ana María Belique, vocera del grupo Reconoci.do, el cual mantiene desde hace dos años una campaña con manifestaciones callejeras y acciones judiciales en contra de lo que califica como proceso de “desnacionalización” de un amplio grupo poblacional por parte de las autoridades del Registro Civil.
La Junta Central Electoral, que administra el Registro Civil, comenzó en 2007 a retener las copias de las actas de nacimiento y cédulas de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana con el argumento de que, al nacer en territorio dominicano de padres extranjeros ilegales, fueron registrados de forma fraudulenta.
Belique consideró en una rueda de prensa de varias organizaciones de derechos humanos que el fallo del Tribunal Constitucional, que justifica las acciones de la Junta Central, “es una injusticia que se ha hecho con base en prejuicios y xenofobia” contra los miles de descendientes de inmigrantes haitianos.
Según una reciente encuesta del Ministerio de Economía, en República Dominicana viven cerca de 500 mil inmigrantes haitianos, pero no existen estimaciones del número de dominicanos de ascendencia haitiana.
Joseph Cherubin, presidente de una organización no gubernamental de defensa de derechos de los inmigrantes, cree que pueden ser unas 300 mil personas las afectadas, con base en una reciente encuesta que estima que 210 mil personas de origen dominicano son de ascendencia haitiana y otros 34 mil son nacidos de padres que tienen otra nacionalidad.
Este estudio es respaldado por la ONU.
La organización no gubernamental Centro Bonó estima que los afectados son cientos de miles; unas cuatro generaciones de afectados.
El Tribunal Constitucional, cuyas decisiones están por encima de la Suprema Corte de Justicia, determinó que todos los inmigrantes que llegaron de Haití a República Dominicana para trabajar en los cañaverales después de 1929 estaban “en tránsito” y por tanto sus hijos nacidos en el País no son dominicanos, a menos que de forma excepcional hubiesen regularizado su estatus migratorio.
Durante décadas, los inmigrantes del vecino Haití que eran llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron sus familias, podían registrar como dominicanos a sus hijos nacidos en este País con base en las leyes vigentes en ese momento.
Con la entrada en vigencia de una ley de migración en 2004 y la promulgación de una nueva Constitución en 2010, se determinó que los trabajadores inmigrantes temporeros, haitianos en su extensa mayoría, son extranjeros “en tránsito” y sus hijos nacidos en el País ya no pueden adquirir la nacionalidad dominicana de forma automática.
El Tribunal Constitucional y la Junta Central “están irrespetando el principio de irretroactividad de las leyes” porque “aplican los criterios de la nueva Constitución (de 2010) a personas que nacieron con décadas de anterioridad”, dijo el jurista Cristóbal Rodríguez, quien encabezó uno de los primeros procesos judiciales en contra de esa medida.
Según el fallo del Tribunal Constitucional, publicado el jueves, la figura de extranjero “en tránsito” no es nueva, sino que está vigente en la Constitución desde 1929, pero por décadas las autoridades no la aplicaron de la misma manera.
Antes de la promulgación de esa ley y la nueva Constitución, estas personas eran consideradas dominicanas y sus actas de nacimiento y documentos de identidad les eran expedidos.
Pero desde 2007, el Registro Civil suspendió la expedición de cédulas y dejó de emitir las copias certificadas de las actas de nacimiento de estas personas por considerar a sus padres o abuelos, como extranjeros “en tránsito”, no podían declarar como dominicanos a sus hijos.
Estas personas nacieron en las décadas de los 70’s, 80’s y 90’s en el País.
De acuerdo con estadísticas oficiales, la Junta Central Electoral tiene bajo investigación unas 16 mil actas de nacimiento de las últimas décadas y se ha negado a expedir documentos de identidad a unas 40 mil personas desde 2007.
El Tribunal Constitucional ordenó además que la Junta Central cree en un plazo máximo de un año un inventario de hijos de inmigrantes “en tránsito” nacidos en el País a partir del año de 1929 y los incluya en un registro de extranjeros. Toda la población afectada por la medida, cuyo número no se ha estimado, será sometida a un proceso de regularización para extranjeros que aún no existe.
Con su fallo, el Tribunal “ha consolidado el criterio jurídico” que aplica la Junta Central, dijo el jueves Roberto Rosario, presidente de esa institución. Con respecto al plan para revisar el Registro Civil desde 1929, Rosario detalló que “haremos lo que siempre se ha hecho, cumplir con las decisiones de los tribunales”.
Reconoci.do, Centro Bonó y organismos internacionales de derechos humanos insisten en que la Junta Central Electoral deja en el limbo jurídico a miles de personas, ya que sin los documentos de identidad los afectados no pueden continuar sus estudios ni realizar ningún trámite civil, como tener un empleo formal, abrir una cuenta bancaria o casarse. El caso ha estado en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Traería ‘desnaturalización’ crisis humanitaria
Expertos dijeron que la decisión del Tribunal Constitucional dominicano de despojar de nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en República Dominicana podría crear una crisis humanitaria que abre la puerta para que miles de personas sean deportados y objetos de discriminación.
Muchos de los afectados por la medida “ahora son apátridas”, dijo Wade McMullen, abogado del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. “Realmente no sabemos qué va a pasar con esta gente. Con base a lo que el Gobierno dominicano está diciendo, estas personas no son ciudadanos dominicanos y tendrían que salir efectivamente rumbo a Haití, donde, además, no son ciudadanos. Crea una situación muy complicada”.
Roberto Rosario, por su parte, dijo que “no se les niega el derecho a la nacionalidad, sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad y regularizarse mediante el plan nacional de regularización”.
Pero ni Rosario ni la junta ni la Dirección de Migración dieron detalles sobre cómo se adelantaría la medida.
José Ricardo Taveras, director de Migración, aseguró en un comunicado que una vez creado el inventario de descendientes de inmigrantes ilegales y puesto en marcha el eventual plan de regularización, “no debe pasar de dos años” para que los afectados se hayan legalizado.
El plan nacional de regularización de ilegales, previsto en la ley de 2004, aún no existe y el director de Migración José Ricardo Taveras, miembro de un partido nacionalista cuyos líderes mantienen desde hace décadas un discurso sobre la supuesta “haitianización” del País, no detalló si existe un proyecto para crearlo.
La Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society “está impactada y profundamente preocupada”, dijo Julia Harrington, funcionaria de asuntos legales para la igualdad y ciudadanía.
Cientos de dominicanos de ascendencia haitiana también han sido deportados por carecer de documentos de identidad, recordó Altagracia Jean, activista de la organización que preside Cherubin y a quien la Junta Central Electoral le negó sus documentos durante cinco años.
Las autoridades migratorias realizan operativos permanentemente en las calles de sus ciudades y detienen y deportan a haitianos que cruzan la frontera, sin permiso migratorio, en busca de trabajo.
“Uno está en la calle y sólo por el color de piel un agente le pide documentos”, dijo Jean. Tras la decisión del tribunal “no sé qué va a pasar conmigo, si me van a volver a retener” el acta de nacimiento.
Los agentes de inmigración usualmente echan mano de los rasgos faciales y el color más oscuro de piel de los haitianos para identificarlos y pedirles que muestren sus documentos migratorios, según la organización Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes.
Las Fuerzas Armadas también mantienen operativos permanentes para detener el constante flujo de haitianos que cruzan la frontera sin permiso. Desde agosto de 2012, el Ejército ha detenido y repatriado cerca la frontera a unos 48 mil inmigrantes haitianos, indicó el viernes el jefe de esa institución, Rubén Darío Paulino.
“Uno siente que eso va a llegar, que en cualquier momento me detienen (los agentes migratorios) y me mandan a Haití”, se lamentó Elmo Bida Joseph, estudiante de 21 años e hijo de inmigrantes haitianos que por falta de esos documentos no pudo inscribirse en una academia de beisbol.
El joven nacido en un “batey”, como se conoce a los pueblos dentro de los cañaverales habitados principalmente por inmigrantes haitianos y sus descendientes, no habla creole ni francés y nunca ha viajado a Haití.
Como carecía de su documento de identidad, perdió hace un año su trabajo como técnico de cámaras de seguridad y está en riesgo de abandonar sus estudios de ingeniería industrial, ya que el plazo que le otorgó la universidad para presentar sus documentos está por vencer.
David Abraham, profesor de Derecho en la Universidad de Miami, dijo que la medida era parte de una campaña mayor para impedir el ingreso de haitianos y alentar la autodeportación de quienes ya se encuentran en el País.
“El miedo de la República Dominicana de ser rebajada al nivel económico de Haití y el ‘ennegrecimiento’ del País obsesionan a los políticos dominicanos desde hace bastante más de un siglo”, dijo Abraham en alusión a las diferencias raciales y al hecho de que Haití es uno de los países más pobres del mundo.
EN NÚMEROS
Hombres sin patria
500 mil inmigrantes haitianos viven en República Dominicana, declara el Ministerio de Economía dominicano
300 mil personas, aproximadamente, se verían afectadas con la medida migratoria, según estimaciones respaldadas por la ONU
210 mil dominicanos tienen ascendencia haitiana