La diputada federal por el Partido Acción Nacional Elizabeth Yáñez Robles, negó condicionar que la obra pública que gestiona a nivel federal se otorgue a empresas de su preferencia.
A través de un comunicado de prensa lamentó los señalamientos hacia su persona hechos por funcionarios y regidores de Celaya quienes aseguraron que, si bien no pide cuota, sí condiciona que la obra pública se entregue a empresas de su elección.
Calificó los señalamientos de “calumniosos” y dijo que carecen de fundamento, por lo cual los invitó a que si tienen pruebas de sus dichos, las presenten ante las instancias correspondientes a fin de que se emprenda una investigación que permita deslindar responsabilidades.
“Tengo 14 años de funcionaria pública en diferentes niveles de Gobierno y siempre mi actuar ha sido honesto y transparente, donde siempre he rendido cuentas de mis acciones.
“En la aprobación del presupuesto de 2013, como el de 2014, la Cámara de Diputados destinó cierta cantidad para que los legisladores federales pudiéramos decidir a qué obras en nuestros municipios deseamos se apliquen los recursos. La cantidad destinada es de 10.1 millones de pesos por año, la cual se distribuye de la siguiente manera: 3.1 millones a cultura, 3.5 millones a deporte y 3.5 millones a infraestructura.
“Los dos años, en cuanto nos informaron que ya se tenían que meter los proyectos para ser considerados dentro del presupuesto correspondiente, me comuniqué con el presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, para solicitar que determinara en qué proyectos se aplicarían esos recursos, agregó.
La Diputada explicó que para el presupuesto de 2013, el Alcalde determinó destinar 2.5 millones a reparaciones del templo del Corazón de María y 600 mil pesos para reparaciones de la fachada de San Francisco; 3.5 millones para una cancha deportiva y 3.5 millones para diferentes obras de alumbrado.
“La única participación que tuvo mi oficina, junto con la funcionaria del Ayuntamiento que el Presidente Municipal nos indicó, fue apoyarla para asegurarnos que el Municipio pudiera contar con los recursos a tiempo, y gracias a ese trabajo coordinado el dinero se encuentra ya en Celaya y se ha estado ejecutando”, precisó.
Elizabeth Yáñez dijo desconocer cuál fue el procedimiento que usaron para adjudicar las obras, qué empresas participaron y cuándo se adjudicaron; aclaró nunca haber hablado con el Presidente Municipal, ni con ningún funcionario municipal sobre este tema.
Pide IP a alcaldes denunciar
Empresarios de Celaya consideraron que si los alcaldes tienen pruebas deben denunciar las presiones de diputados para ejercer los fondos federales, pues expusieron que ese acto afecta el desarrollo y la calidad de la obra pública.
Esta semana trascendió que los diputados Luis Alberto y Ricardo Villarreal García exigían pagos a los alcaldes a cambio de los recursos federales que lograban bajar a través de diversas gestiones.
“Debemos analizar realmente qué hay detrás de todo esto, si se confirman los hechos, creo que lo deben llevar hasta sus últimas consecuencias porque esto no pude ser posible…”, expresó el empresario Mauricio Usabiaga Díaz Barriga. Dijo que en Celaya existe un Alcalde muy prudente que hasta ahora no le ha comentado al sector empresarial que esté sufriendo presiones. Pero alentó a los alcaldes a hablar si tienen pruebas. “Los alcaldes deben tener la valentía de sacar la realidad a la luz pública, que no tengan temor si lo hacen público y tienen el soporte detrás de ellos, no cabe duda que muchos los apoyaremos y la población en general también porque a final de cuentas es recurso del pueblo”.
El empresario constructor Daniel Gámez Nieto dijo que noticiar como que se favorece a constructoras ligadas a diputados que cobran el diezmo, desalienta al sector cuyas empresas han luchado por la transparencia en la adjudicación de la obra pública.
El empresario también alentó a los alcaldes a que lo denuncien.
“Hay instancias donde se hacen este tipo de denuncias, yo los llamaría a hacerse de elementos para poder soportar lo que están diciendo porque también se presta a revanchas políticas, para sacar a un político de otro partido o muchas otras cosas, por eso que las instancias lo analicen y si determinan que es el caso tienen que actuar con todo el peso de la ley porque está afectando no sólo a los constructores sino a la ciudadanía en general”.
Dijo que como constructores saben que hay empresas consentidas en diversos municipios, pero no tenían indicios de que los propios diputados exigieran porcentajes por gestionar los recursos.
“No, realmente sí sabemos que los municipios tienen sus consentidos y les dan la obra a ellos, pero no de que los diputados estén haciendo esta práctica, eso es tema de los alcaldes”, dijo Gámez Nieto.
Reconoció que la Ley de Obras Públicas tiene deficiencias que permiten ese tipo de prácticas.
A nivel estado, dijo, ya hay un consejo ciudadano que supervisa la asignación de obra pública, pero falta bajarlo a Gobierno de Celaya.