Indígenas piden reparación de daño por 3 años que pasaron presas

Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), exigieron una disculpa pública. Mañana miércoles el Tribunal de Justicia Federal y Administrativa resolverá la solicitud.
Las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes estuvieran presas durante tres años y ocho meses acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI, exigieron la reparación del daño moral y patrimonial que les ocasionó el gobierno federal al detenerlas, encarcelarlas y condenarlas de manera injusta.
“Nosotras ya demostramos nuestra inocencia, ahora les toca a ellos repararnos el daño”, manifestó Teresa González.
Mañana el Tribunal de Justicia Federal y Administrativa resolverá la solicitud que hizo la defensa de ambas para que reciban la reparación del daño.
Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), indicó que la reparación del daño no sólo implica el pago de una indemnización económica, sino una disculpa pública que debe dar el gobierno mexicano en la que se reconozca que se violaron los derechos humanos durante el proceso que se siguió en contra de las mujeres indígenas y la garantía de la no repetición de hechos como éste “en el que se les detuvo mediante la fabricación de pruebas y violando su presunción de inocencia”.
Reiteró que la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos no se logra en tanto no haya una reparación del daño integral.
Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Montiel fueron detenidas y encarceladas en Querétaro en agosto del 2006 acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI, en el contexto de protestas que realizaron comerciantes ambulantes tras el operativo hecho por los uniformados.
En conferencia de prensa, el abogado Andrés Díaz explicó que la reparación del daño se solicitó con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, explicó que este caso es uno de tantos que padecen los indígenas en el país cuando se enfrentan a un sistema de justicia que los discrimina.
Señaló que el proceso al que fueron sometidas Alberta y Teresa estuvo plagado de irregularidades, pues no se les explicó el motivo de su detención, no contaron con intérpretes de su lengua indígena y nunca se presentaron pruebas que fundamentaran dicha acusación.
Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, señaló que, contrario a lo que asegura el gobierno mexicano, en el país no existen vías reales y específicas para reparar el daño a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.