Una fiscalía ordenó el miércoles la liberación de un barco norcoreano retenido en julio con armas cubanas sin declarar, aunque la situación jurídica de los 35 tripulantes de la embarcación aún no ha sido resuelta.
El fiscal de crimen organizado Nahaniel Murgas dijo el miércoles que ninguno de los 35 tripulantes de la embarcación serían liberados aún. Horas antes, el mismo funcionario había informado por teléfono a la AP sobre la liberación de la mayoría de los marinos. No aclaró el porqué de la nueva versión.
“Acudimos a esta área con el fin de liberar la embarcación”, dijo Murgas a periodistas en las instalaciones de una base del Servicio Nacional Aeronaval, sobre la caribeña provincia de Colón, desde donde se podía observar la embarcación norcoreana.
Sin embargo, antes de zarpar hacia Corea del Norte la embarcación debe pagar una multa de un millón de dólares que le impuso la Autoridad del Canal como sanción por no informar sobre el cargamento de armas que llevaba a bordo. Las armas estaban escondidas bajo toneladas de azúcar.
Sobre los 35 tripulantes, Murgas dijo ahora que “aún no hemos tomado una determinación, estamos analizando en el despacho la situación de cada uno”.
El fiscal en ningún momento rechazó la posibilidad que los marinos fueran liberados más adelante.
El asesor jurídico del Canal, Álvaro Cabal, dijo que hasta el momento Corea del Norte no había pagado la multa impuesta a la embarcación por ocultar el cargamento de armas. Mencionó que tampoco se había consignado un adelanto de garantía que deber ser de un monto mínimo aproximado de 659.000 dólares que exigen las autoridades canaleras.
Agregó que ante la ausencia del pago se mantenía el impedimento de mover el barco.
El asesor en crimen organizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tomás Cabal, dijo vía telefónica a la AP que entre las alternativas para la liberación del barco se analiza la posibilidad de vender el azúcar que era transportada en la embarcación y que tiene un valor de 3,2 millones de dólares aproximadamente, con el objetivo de que con el dinero que se origine de esa venta se pueda garantizar a la Autoridad del Canal el pago de la sanción.
Panamá consideró que el incidente violó el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Corea del Norte, aunque el organismo aún no ha informado sobre una investigación que realizaron expertos que dan seguimiento al embargo durante una visita en agosto.
Cuba dijo que las armas eran antiguas, que serían reacondicionadas en Corea del Norte y luego devueltas a la isla, pero funcionarios panameños aseguraron que aviones de combate MiG y motores para este tipo de aeronaves incautados estaban operativos. Además, en la carga se encontraron explosivos utilizables, de los que La Habana no había hecho referencia.
El fiscal confirmó que las armas encontradas en la embarcación y el azúcar siguen en custodia de Panamá.
El barco fue trasladado desde el puerto Manzanillo, en el Caribe panameño, hasta un fondeadero, una especie de rompeolas, que se encuentra frente a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval, lo cual podría ser un indicio de que de partir de aguas panameñas sería desde este punto.
La tripulación de la embarcación continuaba el miércoles dentro de la base del servicio aeronaval hasta tanto las autoridades panameñas, la misión norcoreana y los funcionarios del Canal de Panamá lleguen a un acuerdo sobre el pago de la sanción.

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