Con el voto en contra del PRD, PT y MC, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reestructurar en los códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación, así como en las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Extensión de Dominio el nivel de gravedad del delito de terrorismo.
El dictamen provocó un debate entre los grupos parlamentarios, pues las bancadas de izquierda argumentaron que a pesar de que es una buena norma jurídica, porque atiende demandas internacionales, deja abierta la puerta para que la autoridad consideré como terrorista a cualquier persona que acudan a manifestaciones públicas, como el caso de marchas.
El dictamen que va al Senado para su discusión busca que las leyes mexicanas, en materia de terrorismo, se homologuen con los parámetros internacionales, por lo que se propone endurecer las sanciones contra quienes resulten culpables e incrementa las penas de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otro delitos que resulten.
De aprobarse en la Cámara Alta, habría nuevos parámetros para determinar que un acto de terrorismo no es un evento aislado y personal, por lo que se abre el espectro para poder vincular a posibles cómplices, incluido en el lavado de dinero y la extinción de dominio.

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