Tres de las siete personas que fueron detenidas el pasado fin de semana como presuntos defraudadores y cómplices de Eduardo García Sánchez, ex jefe de Compras del Gobierno de Juan Manuel Oliva, ya fueron liberadas.
El juez Gilberto Martiñón Moreno, quien lleva el caso, explicó que de acuerdo con el desahogo de pruebas no se encontraron elementos que determinen su participación en el supuesto delito en contra del Gobierno del Estado por 27 millones de pesos mediante compras de tres empresas “fantasmas”.
Se trata de Marcela Guiza Bravo, Roberto Carlos Rodríguez y Melanie Micheline Martínez Burstin, quienes quedaron libres al no haberles podido comprobar su responsabilidad, según informaron abogados cercanos al caso.
A Marco Antonio Rolón García, Clara Torres Vega, Carlos Alonso Aguilera Rangel, y Laura María Jaramillo Esparza, se les dictó auto de formal prisión y continuará su proceso.
“A las 10:30 de la noche de este lunes se les notificó la liberación a Marcela Guiza Bravo y Roberto Carlos Rodríguez, principalmente por reservas de ley, porque no está definida su probable responsabilidad en el fraude”, sostuvo Martiñón Cano.
Melanie Micheline Martínez fue puesta en libertad apenas anoche, a unas horas de que venciera su duplicidad de término, justo hoy miércoles.
Hasta ayer por la noche, los detenidos continuaban en el Centro Estatal de Reinserción Social de Guanajuato, ubicado Puentecillas, de Guanajuato capital, en espera de terminar el proceso legal.
A los detenidos se les vincula con las supuestas empresas “Maedal Comercializadora”, “Corporativo Omniprov de México” y “Soluciones de Tecnología Avanzada”, de está última su accionista principal también está prófugo.
De acuerdo con las primeras versiones de autoridades, las dos personas que fueron puestas en libertad el pasado lunes por la noche fungían como comisarias de dos empresas que fueron vinculadas con el fraude encabezado por Eduardo García Sánchez, quien fungía como jefe de Compras del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.
García Sánchez, supuesto líder, continúa prófugo, aunque ya hay una orden de aprehensión en su contra y es de los más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Melanie Micheline también fungía como comisaria de una empresa presuntamente defraudadora; es decir, se encontraba en la misma situación jurídica que Marcela Guiza, por lo que también recobró su libertad, según explicaron abogados.
Cuestionan proceso
Familiares de los presuntos implicados en el fraude en contra del Gobierno del Estado dudan que la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) haya sido la adecuada durante la captura de los detenidos.
Los defensores mencionaron que los presuntos implicados también dijeron ser víctimas de engaño al momento de firmar documentos de las supuestas compras por 27 millones de pesos.
Abogados defensores que llevan el caso, señalaron que es difícil que las autoridades puedan comprobar que los detenidos sean comisarios de las empresas defraudadoras, ya que el que aparezcan sus nombres en documentos, no significa que hayan sido tomados en cuenta o hayan participado en el fraude.
Al respecto, familiares de los detenidos argumentaron que las investigaciones por parte de las autoridades policiales no están debidamente sustentadas.
“A los que se les cumplió el ‘plazo fatal’ de la Ampliación de Término ya se les dictó auto de formal prisión, pero es muy feo cuando no la deben y la tienen que pagar”.
“Mi familiar está devastada, pero no entendemos cómo fue el negocio, ellos (los supuestos responsables), ni se enteraron a qué hora les pasaron los papales para firmar”.
“De lo que los acusan es de que no entregaron unos bienes al Gobierno, y tienen los sellos y el oficio donde sí los entregaron, pero ellos ni cuenta se dieron”, mencionó el familiar de un detenido.