Los hogares mexicanos que registraron en 2012 los ingresos más bajos son los que tienen mayor presencia de personas con discapacidad, reveló el Inegi.
En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, indicó que de los 31.5 millones de hogares que hay en el País, en 6.1 millones hay al menos un habitante con algún tipo de impedimento físico o mental.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2012, poco más de una cuarta parte de las familias ubicadas en esta categoría se ubican en los primeros deciles, es decir, los más pobres.
Por ejemplo, en el decil I, el 27% de los ingresos trimestrales de los hogares con personas con discapacidad provino del trabajo; el porcentaje en las familias que no tienen un pariente en esta condición alcanzó el 42.6%.
En el decil II, la proporción es de 35.9 y 55.1%, respectivamente.
Además, explicó el Inegi, los hogares con menores ingresos tienen más gastos. Tan sólo entre el 47 y 55% del gasto se destina en alimentos y hasta el 5% se va en cuidados para la salud.
En general, el 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De ellos, resaltó el Inegi, la mayoría son adultos mayores.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) coincidieron por separado en la necesidad de pasar del modelo médico-asistencial a un modelo social y de respeto a las garantías individuales que permitan la inclusión de las personas con discapacidad.
“La mejor vía para la inclusión de las personas con discapacidad debe tener una visión de respeto a los derechos humanos y no una médica y asistencial que los reduce a una condición de pacientes y tiene como efecto la marginación y la merma de autonomía”, advirtió el ombudsman Raúl Plascencia.
En tanto, el titular del Conapred, Ricardo Bucio, consideró como un estereotipo el relacionar a la discapacidad con alguna enfermedad.
“La plena inclusión de las personas con discapacidad precisa acciones que vayan acompañadas de la generación e implementación de medidas de igualación en la política pública, en los tres niveles de Gobierno, para dar el paso pendiente de reconocer la igualdad de derechos para todas las personas, y no sólo el reconocimiento de la diversidad”.

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