Indagará Contraloría todos los contratos

La Contraloría Municipal investigará todos los contratos que hayan firmado las últimas tres administraciones municipales bajo el mismo esquema con el que la ex alcaldesa Rubí Laura López Silva se obligó a pagar 30 millones de pesos por una supuesta gestión de dinero para obras federales a la abogada queretana Azucena Ingrid Palacios Trujillo.
La investigación incluye el contrato que elaboró la Dirección Jurídica para ser firmado por la actual Administración con la empresa Urichape por la gestión de 160 millones pesos para obras.
AM reveló que la abogada pelea en tribunales un ‘moche’ de 30 millones de pesos por gestionar recursos federales para construir un tramo del Distribuidor Vial en bulevar López Mateos y el paso deprimido en Constituyentes.
Además el director jurídico del Gobierno de Celaya, José Guadalupe Mendoza Gasca, reveló que hay otras tres demandas similares a las de la abogada queretana y en total, los litigantes le pelean al Municipio cerca de 50 millones de pesos.
El contralor municipal José Luis Nájera Arredondo, indicó que desde el lunes 20 solicitó a la Tesorería, al Jurídico, Obras Públicas y a la Secretaría Particular de la Alcaldía toda la información relacionada con la existencia de un contrato con la empresa Urichape, y que también investigará todos los contratos que se tengan con las mismas características en las administraciones de José Rivera, Gerardo Hernández, Rubí Laura y la actual.
Agregó que las dependencias tienen 10 días hábiles para entregar información.
Nájera Arredondo detalló que solicitó información acerca de la existencia de contratos de prestación de servicios por gestiones de recursos para el Municipio y, en caso de existir, buscarán con Tesorería si ya hicieron algún tipo de pago, así como la forma de pago.
Además solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento que si existen estos contratos, se los den de forma certificada.
Señaló que en caso de existir se revisarán los montos por los que se realizaron, el concepto por el que se firmó el contrato, la prestación de servicio a la que se está otorgando o que se prestó. También indagarán quién suscribió los contratos y si estaba autorizado para hacerlo.
Explicó que a la Dirección de Obras Públicas le solicitaron la información sobre qué obras se licitaron y de qué manera fue la licitación, además de cómo fue la adjudicación y cuáles fueron las empresas a las que se les otorgaron estos contratos de obra pública, esto con respecto a los 160 millones de pesos gestionados para el Municipio en el 2013.
El Contralor agregó que podría haber responsabilidades de actuales funcionarios o ex funcionarios de acuerdo a lo que resulte en las investigaciones y emprenderán procedimientos administrativos en su contra.
Nájera Arredondeo explicó que una vez reunida la información solicitada a las direcciones involucradas, la investigación tardaría aproximadamente un mes.