Analizan prohibir conciliación en casos de violencia intrafamiliar

Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso local iniciaron los trabajos para analizar la iniciativa del Ayuntamiento de León para prohibir la conciliación para el delito de violencia intrafamiliar.  
Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, y Iovana Rocha Cano, activistas en pro de los derechos de las mujeres, han denunciado que la conciliación no sirve porque es utilizada por los agentes del Ministerio Público para denuncias de violencia intrafamiliar, pero sin resultados, porque ésta no termina, por el contrario, en algunos casos las mujeres que denunciaron han sido asesinadas por el hombre con quien se les obligó a conciliar.
La iniciativa busca que se reforme el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, para quedar así: “Compete al Ministerio Público… Promover la mediación y la conciliación entre el inculpado y la víctima u ofendido en los delitos perseguibles por aquella o cuando así lo señale la ley, salvo en los casos de violencia intrafamiliar en los cuales medie violencia física”.
También para adicionar el artículo 160 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato quedando en estos términos: “En los casos de violencia intrafamiliar en los que medie agresión física, no procederá la conciliación como medio alterno de solución de controversia, de conformidad con las disposiciones legales en violencia de género, por lo que el trámite de prosecución a cargo del Ministerio Público se originará con la querella correspondiente”.
En la metodología de estudio acordada por los diputados se establece remitir la iniciativa a los 36 diputados locales, así como al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la Procuraduría General de Justicia, a la Coordinación General Jurídica del Ejecutivo.
Y, a petición de la diputada Yulma Rocha Aguilar, se remitirá la iniciativa también a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Instituto de la Mujer, con quienes se conformará un grupo de trabajo. Se solicitará una opinión a la Comisión para la Igualdad de Género y al Instituto de Investigaciones Legislativas.