Caso de bebés robados en España llega a Argentina

Dos familias presentaron el viernes sendas denuncias sobre bebés robados en España que esperan sumar a la querella general contra el franquismo que investiga una jueza argentina.
Las denuncias fueron presentadas en la embajada de Argentina en Madrid por Antonio Iniesta y Belén García. Ambos creen que sus respectivos hermanos, quienes supuestamente murieron al nacer a principios de la década de 1960, fueron robados y entregados en adopción a otras familias.
“Los casos se vinculan claramente al franquismo. Nos consideramos víctimas de esta época y de su herencia”, dijo Soledad Luque, presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”.
A diferencia de los delitos de torturas y desapariciones del franquismo, España sí ha abierto una investigación sobre los bebés robados, que abarca desde la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) hasta mediados de la década de 1980, bien entrada la democracia.
En total, se han presentado 1.500 denuncias en las fiscalías de todo el país pero todavía no se ha podido cuantificar el número de afectados por estos hechos, en los que supuestamente estarían implicados religiosas, enfermeras, empresarios, médicos y abogados.
Organismos como el de Luque hablan de hasta 30.000 niños. Mientras que el gobierno elabora desde el 2012 un censo, todavía incompleto, de posibles afectados.
Para perpetrar los robos, hacían creer a los padres biológicos que sus hijos habían muerto poco después del parto. En otras ocasiones, simplemente los arrebatan bajo amenazas y a los padres adoptivos se les decía que eran bebés abandonados.
García, por ejemplo, relató que sus dos hermanos gemelos Julio y Juan Carlos nacieron sanos en 1962, según el relato de su madre. Pero en los días sucesivos se les informó de su fallecimiento y la clínica costeó el gasto del sepelio.
El centro sanitario de Madrid en el que nacieron está vinculado a hechos de robos similares. Y ella está convencida de que los gemelos están vivos y que fueron dados en adopción por separado y a cambio de dinero.
Su denuncia en España fue archivada provisionalmente por falta de pruebas, pero espera que llevar el caso a Argentina sirva para profundizar en la investigación.
“Estoy segura de que están vivos”, explicó casi con lágrimas en los ojos. “Estoy cansada de buscar papeles. Solo quiero que me ayuden”.
La jueza federal María Servini de Cubría instruye desde 2010 una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, un periodo que abarca la guerra civil, el régimen de Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Servini de Cubría pidió la detención y extradición de dos agentes vinculados al aparato represor franquista. Ambos declararon ante un juez español, pero de momento no están encarcelados ni se ha autorizado su extradición a Argentina.