Hace agua el Canal de Panamá

Los trabajos de ampliación del Canal de Panamá quedaron en suspenso ayer luego de que no se llegara a un acuerdo sobre cómo resolver la disputa por el pago de sobrecostos de la obra, que ascienden a mil 600 millones de dólares, y sobre cómo financiar su tramo final.
Las autoridades de la vía interoceánica informaron que, de inmediato, comienza un periodo de cuidadoso análisis que le permita a la Autoridad del Canal tomar decisiones para que pronto se concluya la construcción de un nuevo carril de esclusas.
“No quiero ni siquiera insinuar que los próximos pasos son sencillos y que estarán libres de riesgos, lo que sí quiero dejar claro es que no vamos a estar sujetos a chantajes”, dijo el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, en una rueda de prensa al anunciar el término de las negociaciones con el consorcio que construye la ampliación de la vía.
Quijano dijo que un acuerdo con el consorcio “ya no es posible y la ventana se cierra minuto por minuto, en especial porque Grupo Unidos ha suspendido los trabajos”.
Agregó que la autoridad requiere que la obra se retome cuanto antes.
El consorcio dio instrucciones ayer a sus subcontratistas de suspender los trabajos, dijo el funcionario.
El consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá, que se culpan mutuamente por los sobrecostos, habían acordado el viernes extender por tercera vez los diálogos hasta el 4 de febrero en un esfuerzo por resolver el conflicto, que inició al despuntar el 2014 y que, en buena medida, mantiene paralizados los trabajos de la ampliación.
Pese a las intensas negociaciones, las partes no lograron acordar una fórmula financiera para inyectarle dinero a los trabajos, que están en un 65% completas, según la autoridad del Canal.
El grupo de empresas ha mantenido una “posición inflexible” y durante las conversaciones reiteró su intención de “negociar cifras exorbitantes fuera era del contrato”, dijo Quijano, evidentemente enojado y acompañado por un grupo de directivos y ejecutivos del canal.
El consorcio, liderado por la empresa española Sacyr, a cargo de la construcción del nuevo carril de esclusas, el principal componente de la ampliación, ha asegurado que tiene problemas de liquidez y exigió a las autoridades del canal que se le reconozcan sobrecostos por 1,600 millones de dólares para culminar los trabajos.
La agrupación de empresas también es integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
Desde Madrid, el consorcio denominado Grupos Unidos por el Canal  advirtió sobre el peligro de que se pierdan 10 mil empleos.
El grupo dijo en un comunicado que la interrupción de las conversaciones pone en “riesgo inminente” esos empleos y que la disputa puede durar años si no se encuentra una pronta solución.
El consorcio culpa de los costos adicionales a problemas con los estudios de factibilidad que realizó la autoridad panameña antes de empezar la obra.
Dice que durante la excavación del terreno se encontraron obstáculos geológicos no previstos por los estudios y que han impedido conseguir basalto, una especie de roca volcánica, insumo principal para producir las enormes cantidades de concreto que se necesitan.
Subestiman costos
Muchos expertos dicen que la raíz de la controversia en la obra de la ampliación del Canal de Panamá radica en que el consorcio subestimó los costos del proyecto cuando le fue adjudicado en 2009 por haber presentado la oferta más barata: 3,118 millones de dólares, unos 1,000 millones por debajo de la oferta de Bechtel, gigante de la construcción de Estados Unidos.
En ese país, varios puertos han invertido miles de millones de dólares para el dragado, la construcción de puentes y la renovación de infraestructura que dé cabida a una nueva generación de buques de mayor calado, que pueden pasar a través de la ampliación del Canal de Panamá.
Tienen plan B
Directivos de la Autoridad del Canal, que no quisieron revelar su identidad porque no están autorizados a dar declaraciones, dijeron a la AP que en medio del conflicto se han recibido sendas ofertas de empresas interesadas en hacerse cargo de lo que resta de la obra.
Estas personas no mencionaron los nombres de las compañías y dijeron que en caso de un “Plan B” no se tendrá que contratar a una constructora que termine la obra civil que ya casi está lista, sino a una empresa que administre la culminación de otras obras, como la instalación de compuertas y trabajos hidráulicos.
Los directivos también estiman que no se dejarán pasar más de dos semanas para tomar una decisión.