Infanta Cristina moviliza 200 policías en España

El Ministerio de Interior español decidió movilizar a más de 200 policías para velar por la seguridad de la Infanta Cristina, que este sábado 8 de febrero comparecerá ante la Justicia como imputada por un presunto delito fiscal y de lavado de dinero.
El despliegue policial, que buscará evitar desórdenes públicos y proteger la integridad de la hija menor del Rey Juan Carlos, tendrá lugar en las inmediaciones de los Juzgados de Palma de Mallorca.
Además de los 200 efectivos de la Policía Nacional, habrá otros 30 policías locales encargados de controlar el tráfico y un destacamento de la Guardia Civil (Policía militarizada) que escoltará a la esposa de Iñaki Urdangarin en sus traslados por la isla de Mallorca.
La gran mayoría de los agentes que participarán en el blindaje de la Infanta pertenecen al cuerpo nacional de Policía, a cuyos efectivos antidisturbios de la isla de Baleares se sumarán unidades llegadas desde la península.
La Policía ejercerá una estricta vigilancia desde las azoteas de los edificios colindantes a los Juzgados de Palma, y controlará el subsuelo de la zona para evitar la colocación de cualquier artefacto explosivo.
Todas las alcantarillas cercanas a los Juzgados serán selladas después de su revisión para impedir que puedan ser utilizadas para cometer un atentado contra la hija menor del Rey.
Los especialistas de la Policía también emplearán inhibidores de frecuencia para dificultar las comunicaciones a través de los celulares durante la comparecencia de la Infanta Cristina, cuya declaración se registrará sólo en audio ya que el Juez José Castro decidió que no se grabara en video.
El despliegue policial se centrará especialmente en controlar a los manifestantes convocados por el colectivo Unidad Cívica por la República que se tendrán que ubicar a más de 100 metros del Juzgado, con lo que sus protestas quedarán minimizadas.
La Policía también espera la presencia de otros grupos antimonárquicos que aprovecharán la comparecencia de la Infanta para expresar su malestar por los escándalos que afectan a la Casa Real.
La insólita declaración como imputada de la Infanta generará también un importante revuelo mediático, ya que están acreditados más de 300 periodistas de 90 medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Lo más probable es que la Duquesa de Palma llegue en coche hasta la misma puerta de los Juzgados para evitar en la medida de lo posible a los medios de comunicación.
La Infanta ha rechazado cualquier relación con las actividades irregulares llevadas a cabo por su esposo cuando presidía el instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que supuestamente fue utilizada por Urdangarin para desviar al menos 3 millones de euros a empresas de su propiedad.
Sin embargo, el Juez Castro y la acusación popular consideran que la hija menor del Rey no pudo permanecer al margen de los presuntos delitos cometidos por su marido, ya que figura como cotitular de una de las empresas, Aizoon, implicadas en la trama de desvío de dinero público.