Las auditorías forenses practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al proceso de implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Puebla arrojan diversas irregularidades en los ejercicios presupuestales de 2012.
Reportes preliminares a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL revelan subejercicios en el presupuesto destinado a la capacitación, infraestructura inconclusa, adjudicaciones directas sin procedimientos de licitación y compra de mobiliario sin haberlo inventariado ante las autoridades, entre otras inconsistencias.
Tabasco inició la transición hacia el sistema penal acusatorio en septiembre de 2012 sin una oportuna capacitación al personal de áreas estratégicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y una inadecuada calendarización para su aplicación, consideró el gobernador Arturo Núñez Jiménez, en el primer semestre de su administración.
Comentó que su antecesor, Andrés Granier, calendarizó “sin tomar en cuenta la incidencia delictiva actual de cada municipio y la disponibilidad de recursos federales para concluir, en algunos casos, los edificios de Procuración de Justicia Regionales y dotarlos del equipamiento necesario”.
Así, envió al Congreso local una iniciativa para modificar el artículo segundo transitorio del Código Penal Acusatorio de Tabasco (expedido el 8 de agosto de 2012) y cambiar el calendario de entrada en vigor de este esquema en los municipios. Los cambios fueron aprobados el 14 de mayo pasado (decreto 026).
Otro argumento fue el “desfase en la capacitación del personal que tiene que ver con los procesos de juicios orales”.
El año pasado no se puso en marcha el nuevo sistema acusatorio en ningún municipio, antes se priorizó un esquema de seguimiento, evaluación y ajuste en Macuspana para consolidar la operación del esquema, así como capacitar al personal “que tiene que ver con la puesta en marcha de los juicios orales”.
En 2012, el proyecto contó con un subsidio federal de 13 millones 936 mil 430 pesos y una aportación estatal de 5 millones de pesos. El año pasado la aportación federal para Tabasco en este sistema fue de 15 millones 327 mil pesos.
Oaxaca, equipo sin utilizar
En Oaxaca las fallas tienen que ver con facturas sin cotizaciones ni el contrato correspondiente, y la adjudicación directa a una empresa que rebasa el porcentaje que prevé la Ley de Adquisiciones.
Además, el equipo de telecomunicaciones está sin utilizarse y el mobiliario que no fue inventariado en el control de la Secretaría de Administración estatal.
En 2012, en esta entidad se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio, conformado por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría para la Defensa del Indígena y el Órgano Implementador.
A cargo del presupuesto autorizado por la Federación para este rubro, que fue de 21 millones 361 mil 331 pesos, quedó la Procuraduría de Justicia, encabezada por Manuel de Jesús López.
Sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, Jahaziel Reyes Loaeza, secretario ejecutivo de ese Consejo, consideró que “no podemos presumir desvío de recursos, ni mal manejo, en su mayoría son cuestiones administrativas”.
Puebla con avance mínimo
Aunque las autoridades poblanas obtuvieron una prórroga del Congreso local para diferir la puesta en marcha de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Distrito de Huauchinango (Norte) hasta abril del 2013, la construcción de los juzgados no había iniciado.
Fuentes allegadas al proceso de instauración de la reforma indicaron que el desarrollo de infraestructura y equipamiento en la zona de Izúcar de Matamoros (Sur), que debería entrar este año, tampoco ha arrancado.
Sin embargo, los trabajos en Huauchinango debían desarrollarse entre 2011 y 2013; ya que de acuerdo con el Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia, la fecha límite para establecer los nuevos mecanismos, era el 19 de septiembre del año pasado.
Además, una evaluación del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) subraya que para diciembre de 2013, Puebla ya había recibido 51% de los 83 millones 947 mil 534.90 pesos que la Federación le otorgó como subsidio.
En ese contexto, Gerardo Mejía Ramírez, ex presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso de Puebla, confirmó que durante la recta final de la 58 Legislatura local, las autoridades solicitaron una extensión de tiempo para los trabajos en el Distrito Norte.
En entrevista apuntó que la prórroga incluía las inversiones en materia de infraestructura y equipamiento; ya que el trabajo legislativo fue concluido.
Recordó que lo hecho en Huauchinango daría paso a la entrada en vigor del nuevo sistema en las regiones de Izúcar de Matamoros y Tehuacán (Sur-Oriente), donde los juicios orales deberán arrancar el 18 de marzo y 17 de septiembre de este año, respectivamente.
Entre tres gobernadores
Guanajuato desaprovechó 664 mil 446 pesos del presupuesto que la Federación le asignó en 2012 para la capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público y Defensores para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, según el historial de la Comisión estatal responsable de su cumplimiento.
En ese ejercicio fiscal, la entidad tuvo tres gobernadores, Juan Manuel Oliva, quien pidió licencia definitiva el 29 de marzo; Héctor López Santillana, que lo relevó como mandatario sustituto y el actual Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez, quien el 26 de septiembre de 2012 asumió el cargo.
El 29 de noviembre de 2012, en la misma fecha, la magistrada Imelda Carbajal Cervantes, entonces coordinadora de la Comisión Estatal para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que Guanajuato devolvería a la Federación 664 mil 446 pesos que no utilizó ese año en la capacitación de los servidores públicos involucrados en el programa.
Dinero sin usar
Ese año, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional del gobierno federal otorgó a Guanajuato 5 millones 997 mil pesos para la capacitación del personal necesario para la implementación del Sistema Oral Penal, pero sólo ocupó 5 millones 333 mil 54 pesos.
La fiscalía estatal recibió fondos por un millón 200 mil pesos; el Poder Judicial, 3 millones 525 mil; la Defensoría de Oficio, 800 mil pesos, y la Secretaría de Seguridad Pública, 450 mil; el recurso no aplicado se regresaría.
Carbajal Cervantes informó que el recurso que no se ocupó debería regresarse. Ese dinero estaba etiquetado para la capacitación de policías, agentes del Ministerio Público, jueces de oralidad, defensores y personal de Seguridad Pública.
El procurador Carlos Zamarripa, presidente de la Comisión Estatal para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, destacó que se establecieron cuatro fases para la aplicación de los juicios orales, que según la ley local estaría operando en los 46 municipios de la entidad el 1 de enero de 2015.
En 2013, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución estatal para postergar un año la implementación de los juicios orales en la Región de Celaya y en seis meses en la de León, por no tener la infraestructura ni del personal suficiente y capacitado que operaría el Sistema Penal Acusatorio.
Tabasco, Oaxaca, Puebla y Guanajuato son cuatro de los seis estados investigadas por la ASF por presuntas irregularidades en la Cuenta Pública de 2012 en relación con la implementación del nuevo modelo de justicia penal. Las otras dos entidades son Yucatán y el Distrito Federal.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a ese año será entregado este jueves a la Cámara de Diputados.