Periodistas de Guanajuato se manifestaron en las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humano para sumarse al mitin nacional donde exigieron justicia y seguridad para los comunicadores.
Los alrededor de 20 reporteros, fotógrafos y videógrafos de Guanajuato que asistieron a la manifestación también recordaron la muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, en Veracruz después de que fue secuestrado el 5 de febrero y localizado seis días después dentro de una fosa del municipio de las Choapas, ejecutado.
“Estamos aquí, porque con cada periodista silenciado, los asesinos y sus cómplices pretenden matar nuestras libertades, buscan silenciar las voces de toda la sociedad y cancelar los derechos a una convencía pacífica.
“Exigimos que ni un periodista más sea asesinado, secuestrados o desaparecido. Rechazamos que se impongan zonas de silencio en este país a través del terror y la censura y repudiamos cualquier ataque contra de la libertad de expresión. Aquí no sólo está en juego la vida de los periodistas, sino el derecho de los ciudadanos a estar informados. El periodista está llamado a ser los ojos y la voz de una sociedad y por eso, con cada ataque a los periodistas, se pretende cegar y amordazar a la sociedad”, dijo Verónica Espinoza corresponsal de la revista proceso.
Con Gregorio son diez periodistas asesinados en Veracruz desde diciembre de 2010, cuando Javier Duarte de Ochoa tomó posesión como gobernador del estado. Otros cuatro comunicadores están desaparecidos y muchos más han abandonado la entidad por las amenazas contra su vida.
Entre julio de 2000 a febrero de 2014, 87 periodistas fueron asesinados en el país y otros 20 están desaparecidos.
Los comunicadores también realizaron exigencias a las autoridades y en especial a los encargados de cuidar los derechos Humanos.
1) Que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garantice las condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México, y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, empezando por Veracruz.
2) A la Procuraduría General de la República, que amplíe y profundice las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que solicite la incompetencia del juez para que el caso sea asumido por un juez federal.
3) Que los órganos de Estado como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindan cuentas de su desempeño. Han dispuesto de recursos millonarios pero la vida de cientos de periodistas sigue amenazada.
4) A la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas del Senado de la República le exigimos que cumpla con su responsabilidad y cite a comparecer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, para que expliquen los avances en las investigaciones respecto a los asesinatos de periodistas en Veracruz.
5) A los gobiernos estatales y municipales, en el caso de Guanajuato, que no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura, ni para premiar coberturas favorables. Que desaparezca el argumento de las denuncias penales por difamación y calumnias como montajes judiciales para amagar a periodistas y medios.
6) Que se establezca un fondo que garantice pensiones para los dependientes económicos de los periodistas asesinados y se pague la educación de los menores de edad hasta el nivel superior, ya que el asesinato de periodistas se debe a la impunidad y a la falta de garantías para ejercer el periodismo.
7) En el caso de Guanajuato, que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del estado le dé celeridad a la queja presentada por trabajadores de los medios de comunicación por el hostigamiento y amenazas de la autoridad municipal de San Miguel de Allende, y que se envíe un mensaje de que esta instancia, obligada a privilegiar las garantías individuales de ciudadanos ante cualquier abuso de la autoridad, estará atenta de cumplir con esta responsabilidad en lo que se refiere a la libertad de expresión y el derecho de informar de los trabajadores y medios de comunicación.

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