Auditores de la Federación comprobaron que el anterior sexenio del Gobierno de Guanajuato burló la Ley de Obra Pública, al asignar contratos sin licitar, pese a que rebasaban el monto establecido por la ley.
En la revisión de los recursos transferidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se detectaron dos obras contratadas por adjudicación directa, en la que se exceptuó la licitación pública con un dictamen, “el cual no está debidamente justificado y fundamentado”, según el dictamen de los auditores.
En otras dos obras “se ejecutaron trabajos similares mediante el mismo contratista, fraccionando los contratos sin realizar el procedimiento de licitación pública, por lo que no se garantizaron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez”, advierte el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, entregado el jueves al Congreso de la Unión.
Asimismo, en dos obras no se contó con el catálogo de conceptos base.
Según el informe de los auditores, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato ya inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de funcionarios.
En la misma revisión del FAFEF, los fiscalizadores determinaron probables irregularidades por 28 millones de pesos, además de que reportaron casi 70 millones por aclarar, que no habían sido ejercidos al cierre de la auditoría.
Entre las irregularidades está la aplicación de 23 millones para la reclasificación de una obra autorizada y pagada tres años antes; 421 mil de gastos sin acreditar y 4.5 millones de estudios y proyectos no relacionados con una obra ejecutada.

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