Para recuperar los más de 600 millones de dólares que prestó a Oceanografía, Banamex podría encontrarse al final de una larga cola de acreedores.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que los créditos otorgados a la firma de Amado Yáñez estaban garantizados con cuentas por cobrar a Pemex, de las que solo 185 millones de dólares están sustentados en contratos con la paraestatal.
Eso quiere decir que, al ser un acreedor común, en caso de un concurso mercantil de Oceanografía, Banamex quedaría detrás de todos los demás acreedores, entre ellos los trabajadores, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros acreedores con garantías.
Y estos últimos incluyen a los fondos de inversión tenedores de bonos emitidos por la empresa en 2008 y 2013, el primero, por 335 millones de dólares garantizados con siete barcos de la flota de la empresa, y el segundo, por 160 millones de dólares, garantizado por el buque OSA Goliath.
Rabobank, el gigante financiero holandés, también tiene garantías. Nueve barcos de la flota están hipotecados en su favor para garantizar alrededor de 220 millones de euros pendientes de pago, mientras que otros tres garantizan 11 millones de dólares prestados por el banco alemán Helaba.
El punto crucial, y que hace que este caso sea único, es que los bienes de Oceanografía están asegurados por la PGR, como parte de la averiguación previa por fraude en el que la víctima es Banamex.
Bajo las leyes penales, el banco tiene derecho a la reparación del daño, pero nunca ha existido un caso en el que el Poder Judicial tenga que aclarar cuál es la prelación que corresponde a la víctima de un delito en relación con los demás acreedores.
Especialistas en concurso mercantil consultados, consideraron que más allá del fraude, Banamex seguirá siendo un acreedor común, y que incluso está en tela de juicio si se le puede considerar como víctima, pues sus ejecutivos autorizaron préstamos que podrían haber violado la Ley de Instituciones de Crédito.
El SAE, actual administrador de la empresa, no ha emprendido acciones para proteger a Oceanografía de los reclamos de sus acreedores, pero ante la insolvencia de la empresa, eventualmente tendría que solicitar el concurso mercantil ante un juez federal.
Cuestionan utilidad de comisión
Las investigaciones contra Oceanografía no se deben politizar, pidió ayer Gonzalo Hernández, dirigente local de Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Expresó sus dudas sobre la utilidad de la comisión que integró el Senado sobre este caso.
“Porque siempre que intervienen los partidos políticos terminan complicando la situación”.
El Gobierno federal, dijo, debe procurar soluciones claras para evitar mayor impacto económico en Campeche.
Destacó que la empresa asegurada por el SAE tiene una planta laboral de 11 trabajadores.
“Si multiplicamos por cuatro el impacto de la derrama salarial, son muchos los afectados”.
Luego de que los trabajadores empezaron a recibir el pago de salarios atrasados, consideró que hace falta un acuerdo con proveedores a los que Oceanografía también les debe dinero.
Mete Fox manos por los Bribiesca
Vicente Fox desligó ayer a su familia del escándalo de corrupción de Oceanografía.
“Puedo decir, con absoluta certeza, que en la familia, propia y ampliada, no tenemos ninguna preocupación sobre el tema, porque nunca hemos tenido ninguna participación y porque somos personas de integridad”.
Tras las denuncias por fraude presentadas contra Oceanografía, legisladores han exigido investigar la relación de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca con la proveedora de Pemex.
El ex Presidente calificó la pesquisa de la PGR como mediática.
“Nadie me puede decir cuál es el delito y, por tanto, hay que esperar información”, expuso.
Las autoridades, dijo, deben detallar con claridad las irregularidades en que incurrió la empresa intervenida por la PGR.