Representantes del PRI, PAN y PRD celebraron la posibilidad de endurecer las sanciones a los concesionarios cuando detecten irregularidades, porque hacen falta instituciones robustas y que den certidumbre a los inversionistas.
EL UNIVERSAL publicó este sábado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá sancionar con hasta 750 mil salarios mínimos, lo que equivale a 49 millones 185 mil pesos, de acuerdo con el último proyecto de ley secundaria de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión.
Esta última propuesta que sería entregada al Congreso en los próximos días y que consta de 311 artículos, con 16 títulos y 27 transitorios, más la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México que consta de ocho capítulos, incrementa más de siete veces la máxima sanción que estipulaba la Ley Federal de Telecomunicaciones que era de 100 mil salarios mínimos (6 millones 558 mil pesos).
En entrevista, el líder nacional del PRI, César Camacho, manifestó que el país requiere de instituciones robustas que no sólo regulen, sino que tengan la capacidad y fuerza suficientes para explotar una concesión de un bien público en manos de privados.
“Que se aproveche todo en beneficio de la gente, que no sólo aumente la competencia, que se ofrezcan servicios de mejor calidad, que también cuiden a quienes invierten y se convierten en concesionarios, pero no perder de vista que por encima de todo está el interés superior de los ciudadanos que es a los que el gobierno tiene que atender”, aseveró.
En tanto, el panista Juan Pablo Adame Alemán, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, también festejó que sea el propio IFT, quien imponga las sanciones, pero advirtió que se debe tener cuidado con éstas para no “asustar” a los posibles inversionistas.
“Necesitamos, por un lado, emparejar la cancha pero no asustar a los inversionistas, cualquier inversionista interesado deberá tener certidumbre sobre las reglas y cómo serán éstas y cuáles son los premios y castigos que se van a dar y habrá que estar pendientes ante la propuesta del Ejecutivo”, definió el legislador morelense.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, la perredista Alejandra Barrales, consideró oportunas estas sanciones pues están dentro del marco legal que se hizo con la reforma constitucional.
Además, Barrales urgió al Ejecutivo a enviar al Congreso de la Unión las leyes reglamentarias para darle certidumbre jurídica a los posibles inversionistas.

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