Los problemas financieros de la empresa Oceanografía no son recientes.
La compañía de Amado Yáñez lleva más de cinco años sujeta a un procedimiento de insolvencia para pagar adeudos, que hasta la fecha no ha sido resuelto por el Juez federal responsable.
El concurso involuntario fue demandado en 2008 por un despacho de abogados, Linares Pérez y Asociados, al que Oceanografía le debía un pago por honorarios.
Linares Pérez advirtió lo que ahora todos saben sobre Oceanografía.
“Se trata de una comerciante tramposa y mañosa, que en ejecución de su objeto social acude a expedientes ruinosos ocultando operaciones o llevando una contabilidad que altera a su capricho y conveniencia, y trastorna las operaciones reales y efectivas”, acusó el despacho el año pasado, en un escrito de apelación.
Alejandro Dzib Sotelo, juez 5 de Distrito en Materia Civil, se negó repetidamente a tramitar la demanda, alegando que el despacho no había probado ser acreedor de Oceanografía, pero en mayo de 2010, un tribunal unitario de circuito le ordenó “resolver con plenitud de jurisdicción si procede o no declarar a la comerciante en concurso mercantil”.
Incluso, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designó a Humberto Bravo Mena como visitador para inspeccionar las finanzas de Oceanografía, y éste rindió un dictamen sobre la situación financiera de la empresa, que no ha sido difundido pero aparentemente concluyó que sí era solvente.
Linares Pérez afirmó que Oceanografía engañó a Bravo Mena.
Por ejemplo, le aseguró que era dueña de dos buques que en realidad sólo estaban rentados, y presentó como activo circulante cuentas por cobrar con Pemex por mil 249 millones de pesos, que no iban a ingresar a la empresa, sino que serían pagados directamente a bancos acreedores.
En septiembre de 2011, el juez Dzib dictó una “medida cautelar”, que sigue vigente, para proteger la actividad comercial de la empresa.
“Se notifica a a todos y cada uno de los acreedores, proveedores, clientes e instituciones de crédito, que tengan una relación comercial con Oceanografía, el impedimento de declarar de motu proprio la rescisión, suspensión y/o dar por terminados los contratos existentes vigentes entre éstas”, ordenó Dzib.
Deben definir a juzgador
El concurso mercantil de Oceanografía ya fue admitido a trámite, pero el Poder Judicial no tiene claro cuál Juez deberá hacerse cargo del resto del proceso.
Fuentes oficiales informaron que la Judicatura Federal discutirá el 23 de abril si el caso debe quedar en manos del juez 3 de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, o si deberá ser turnado a su colega Alejandro Dzib Sotelo, titular del Juzgado 5.
Lo anterior, porque Dzib Sotelo conoce desde hace cinco años de una demanda de concurso involuntario contra Oceanografía, presentada por Linares Pérez y Asociados, en la que hasta la fecha no se ha dictado sentencia que determine si la empresa está en situación de insolvencia.
Dzib Sotelo ha sido renuente a resolver el caso porque Linares Pérez es un acreedor menor de Oceanografía, pero un tribunal ordenó desde 2010 que debe emitir la sentencia en la que se aclare si dicha empresa está o no en situación de insolvencia generalizada prevista en la Ley de Concursos Mercantiles.