El Gobierno de Miguel Márquez desclasificó ayer información que la anterior administración estatal pretendía mantener en secreto hasta el año 2024.
La información desclasificada es la correspondiente a los pagos realizados por el Gobierno del Estado a medios de comunicación por concepto de publicidad, la cual estuvo bajo reserva durante siete años, desde el 2007.
La desclasificación la logró el abogado Roberto Saucedo Pimentel, de la organización ‘Ciudadanos Hartos’, quien en la anterior administración estatal promovió una demanda contra Juan Manuel Oliva por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con la información entregada al abogado, la Coordinación de Comunicación del Estado gastó entre 2006 y 2012 más de 485 millones de pesos en contratos con empresas editoras de periódicos y estaciones de radio y televisión.
Más de 194 millones de pesos se destinaron a publicidad en periódicos, de los cuales casi la mitad fueron para los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM), el 14.4% para Correo, 13.6% para El Heraldo y 10% para Milenio/Multimedios Estrellas de Oro.
De 2006 a 2012, el Gobierno de Guanajuato pagó más de 93 millones de pesos a los periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
Según la información que ayer desclasificó el Gobierno de Miguel Márquez, las asignaciones de recursos a los diarios de la OEM crecieron casi 6 veces en sólo cuatro años.
Al cierre de 2006 la coordinación de Comunicación del Estado pagó 4 millones 100 mil pesos a los diarios de la OEM, mientras que en 2010 la cifra superó los 25 millones.
En 2009 se duplicó la asignación de fondos a la OEM, año que coincidió con la reapertura del diario El Sol de León.
El Heraldo también se vio beneficiado con seis veces más recursos del Estado. De 1.2 millones de pesos que recibía en 2006, pasó a cobrar 7.2 millones en 2011.
En contraste, los diarios de la cadena AM fueron excluidos de los contratos publicitarios durante el sexenio, a pesar de que son los de mayor circulación.
Juntos, AM y Al Día circulan más que todos los periódicos de todo el estado.
Publicidad para premiar o castigar
Las organizaciones Fundar y Artículo 19, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han calificado como censura indirecta el retiro de publicidad gubernamental que en el pasado sexenio aplicó el Gobierno del Estado contra los periódicos AM y Al Día.
En su informe sobre el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial, presentado hace un mes, Fundar y Artículo 19 advirtieron que los fondos públicos fueron utilizados en Guanajuato para premiar a los medios de comunicación sumisos y para castigar a la prensa crítica.
Ambas organizaciones de defensa de la libertad de expresión subrayaron que el veto publicitario que durante seis años se impuso al Periódico AM fue un mecanismo de censura indirecta.
“El conflicto que se generó en Guanajuato no sólo ha servido para ilustrar la ausencia de criterios objetivos en la asignación de los recursos de publicidad oficial sino que ha hecho evidente la falta de transparencia en las cuentas públicas”, refirieron los autores del estudio.
“El caso de retiro de publicidad oficial del AM ha sido un caso paradigmático que refleja claramente el uso que se le da a este concepto de gasto para premiar o castigar la línea editorial de los medios de comunicación”, señaló también.
Las televisoras
La información desclasificada por el Gobierno menciona que entre 2006 y 2012 la Unidad de Comunicación del Estado gastó 160 millones de pesos en difusión por televisión.
El 80% de los contratos los acapararon TV Azteca y Televisa.
A Azteca le pagaron 62.7 millones y a Televisa 66.4 millones.
A ésta última televisora los pagos se hicieron a través de cuatro empresas: Compañía Televisora de León, Televisión de Puebla, Canal XXI y Televisa SA de CV.
Los pagos realizados a radiodifusoras sumaron 130.7 millones de pesos, la mayoría para estaciones o cadenas de cobertura local o regional.
Información parcial
La información desclasificada ayer es parcial, pues sólo incluyó los pagos de publicidad realizados a través de la Coordinación de Comunicación Social.
Una auditoría obtenida por AM, mediante solicitudes de acceso a la información, revela que los pagos de publicidad eran superiores a los reportados por Comunicación.
La auditoría correspondiente al ejercicio de 2011 menciona que ese año el Gobierno de Juan Manuel Oliva gastó más de 253 millones de pesos en difusión.
De ese monto, sólo 97 millones fueron ejercidos a través de la Coordinación de Comunicación.
El resto (156 millones) fueron ejercidos libremente para pagos en prensa, radio y TV, sin reportar al área de Comunicación.
Es decir, el 61% del gasto de difusión se ejercía libremente por el Ejecutivo a cargo de Oliva.
En la información desclasificada ayer, la Coordinación de Comunicación reportó que entre 2006 y 2012 gastó en promedio sólo 69 millones de pesos en anuncios de prensa, radio y TV.
Pero la información de la auditoría obtenida por AM revela que el gasto fue de más del triple.
Acaban 7 añosde cerrazón
El 22 de agosto de 2007, el Gobierno de Juan Manuel Oliva clasificó como reservada la información sobre las tarifas publicitarias pagadas en prensa, radio y televisión.
Diez meses después, en junio de 2008, la reserva se amplió a todos los detalles de los contratos firmados por el Gobierno con las empresas editoras de periódicos y estaciones de radio y TV.
El acuerdo de clasificación establece que la información de los contratos publicitarios estará reservada 12 años, a partir de que se generó el documento.
Así, por ejemplo, los contratos firmados en 2007 -que es cuando se publicó la reserva- se podrían conocer hasta el año 2019, mientras que los firmados en 2012 se harían públicos hasta el 2024.
El argumento del Gobierno para clasificar la información 12 años, es que difundir el contenido de los contratos podría entorpecer la negociación con las empresas publicitarias o generar especulación en las tarifas.
Guanajuato pertenecía al grupo de 19 estados que se negaban a abrir la información sobre el gasto publicitaria y es la única entidad que mantenía en reserva esos datos por 12 años.