La Fiscalía especializada en delitos cometidos por Servidores Públicos recibió una nueva denuncia penal que involucra al ex Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.
Los presuntos delitos que involucran a Oliva son castigados hasta con 10 años de cárcel.
En la denuncia se enlistan los presuntos ilícitos en que incurrió Oliva, al otorgar contratos a su consuegra, a una de sus hijas y a la nuera de un compadre.
La denuncia la presentó el abogado Roberto Saucedo Pimentel a nombre de la organización civil Ciudadanos Hartos.
Saucedo consideró que esta nueva denuncia sí procederá, porque los delitos no implican la revisión de la cuenta pública.
Informó que acaba de recibir la resolución definitiva del amparo 502/2012, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del XVI Circuito, en la cual se ordenó archivar la averiguación previa iniciada por la denuncia que 66 ciudadanos presentaron en febrero de 2011.
Sin embargo, el abogado destacó que la resolución abre una posibilidad de que prospere la nueva denuncia contra Oliva.
El Tribunal sentenció: “…en el caso de los delitos de persecución oficiosa, si el fiscal advierte que investigarlos implica la revisión de la cuenta pública y ello no se ha realizado por quien, de acuerdo con la constitución estatal y la ley reglamentaria tiene facultades para ello, se abstendrá de hacerlo porque se lo impide el artículo 105, fracción II, ya transcrito”.
Según el abogado Saucedo, la resolución del Tribunal sólo limita las denuncias ciudadanas cuando impliquen la revisión de la cuenta pública.
Por ello, optaron por presentar una nueva denuncia penal por los hechos ocurridos en el DIF, pero sólo en aquellos que no impliquen revisar la cuenta pública, como los contratos por adjudicación directa a favor de una nuera de Elías Villegas Torres (compadre de Oliva), y a la consuegra y a una hija del ex Gobernador.
“Estas conductas no requieren que se revise la cuenta pública, sino el acto mismo de contratación que puede derivar en Abuso de Autoridad o Tráfico de Influencias, por esa razón, consideramos que la nueva denuncia ya no tendrá los obstáculos a los que se enfrentó la primera”, explicó el abogado.
Detectan anomalías
Dijo que al no compartir el criterio adoptado por Magistrados del Colegiado Penal, seguirán intentando otras denuncias contra el ex Gobernador, con la intención de que se pronuncien otros tribunales y se revise el criterio.
Anticipó que analizan proceder contra integrantes del tribunal federal que revisó la primera denuncia contra presuntos actos de corrupción en el DIF-Estatal.
“En el caso concreto del tema DIF, estamos clarificando diversas inconsistencias y terminadas las consultas públicas que hemos realizado, determinaremos si procedemos contra los magistrados federales, ya que el magistrado Alberto Augusto de la Rosa Baraibar estuvo ausente del tribunal los 15 días previos a la sesión donde se resolvió el amparo, de hecho se incorporó el día de la sesión y difícilmente pudo haber estudiado el tema con suficiente tiempo”.
Además, dijo que consta que el Secretario en Funciones de Magistrado (en el tribunal sólo hay dos magistrados titulares y un suplente) pidió más tiempo para resolver el asunto y no se lo concedieron y que los tres magistrados resolvieron el tema, sin haber estudiado la denuncia.
“Se denunciaban hechos que no implicaban la revisión a la cuenta pública y por ende, debieron haber concedido el amparo para que al menos estos hechos se investigaran”.
Finalmente, mencionó que otra anomalía estriba en que se resolvieron 31 asuntos que fueron discutidos en un horario de las 12:20 a las 14:46 horas (2 horas con 26 minutos).
“Es decir, en promedio discutieron cada asunto en 4.70 minutos, lo cual no es humanamente posible”.
La denuncia
AM obtuvo copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público del Fuero Común, en la que se pide investigar presuntos actos de nepotismo del ex Gobernador, al otorgar un contrato por un millón 800 mil pesos a su consuegra, además de emplear en el DIF a una sobrina.
Además, la denuncia refiere que se asignaron compras directas a una hija de Oliva, por servicios de comida en un restaurante de su propiedad, el cual creó en sociedad con quien era la directora de Asistencia Alimentaria del DIF-Estatal.
La denuncia también refiere otros posibles ilícitos, como el robo o extravío de computadoras, desvío de bienes públicos para fines particulares y compras ‘infladas’ en el DIF.
También se pide a la fiscalía investigar posible tráfico de influencias en los contratos por más de 160 millones de pesos otorgados por el DIF-Estatal a dos empresas de una nuera de Elías Villegas Torres, compadre del ex Gobernador.
Como pruebas de los presuntos ilícitos, el abogado Saucedo Pimentel adjuntó a la denuncia informes presentados por la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, en las que se comprobó conflicto de intereses en la asignación de contratos a familiares de Oliva.
Pide informe de bienes
El abogado solicitó a la Fiscalía que pida el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que esa instancia informe si en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre del 2006 al 31 de enero del 2011, Juan Manuel Oliva, su esposa y sus hijos abrieron cuentas bancarias de inversión, de cheques y de cualquier otra naturaleza en bancos del País o del extranjero, además de cotejar si los montos corresponden a sus ingresos.
También solicitó investigar en los registros públicos la relación de bienes inmuebles adquiridos por el ex Gobernador y su familia, así como el valor de operación.
“Una vez recabado el material probatorio ofrecido y solicitado a esta fiscalía, durante la integración de la averiguación previa que se inicie para tal efecto y una vez acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, solicito a esta fiscalía proceda a ejercitar la acción penal”, planteó el abogado en su denuncia.
“Solicito también sea reparado el daño ocasionado al erario público y para tal efecto solicito se aseguren bienes propiedad de quien o quienes resulten indiciados a efecto de garantizar el pago de los daños y perjuicios ocasionados”.
Los delitos
En la denuncia presentada por el abogado Roberto Saucedo, se enlistan los posibles ilícitos cometidos, y la sanción prevista en el Código Penal del Estado:
ARTÍCULO 203.
A quien teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular de éstos, en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas en el artículo 201.
ARTÍCULO 248
Al servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de 60 a 200 días multa; así como destitución del empleo o cargo e inhabilitación por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.
ARTÍCULO 249
Al servidor público que con el carácter de tal, exija dinero, valores, servicios o cualesquiera otro bien que sepa no es debido o en mayor cantidad que la señalada por la ley, se le aplicará de uno a seis años de prisión y de diez a cincuenta días multa, destitución del empleo o cargo e inhabilitación hasta seis años.
Si lo exigido indebidamente se convirtiera en provecho propio o de un particular, la pena será de tres a ocho años de prisión y de veinte a cien días multa, destitución e inhabilitación hasta seis años para obtener otro cargo público.
ARTÍCULO 250
Al servidor público que durante el tiempo de su cargo y por motivos del mismo, aumente ilícitamente su patrimonio o se conduzca como dueño de bienes no incluidos formalmente en aquél, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y de sesenta a doscientos días multa, destitución del empleo o cargo e inhabilitación hasta por dieciocho años.
Las mismas sanciones se aplicarán a quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido ilícitamente, a sabiendas de esa circunstancia.
ARTÍCULO 258
Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, de 30 a 150 días multa, destitución e inhabilitación para desempeñar el empleo, cargo o comisión hasta por cuatro años, al servidor público que por sí o por interpósita persona:
I. Promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
II. Indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí, su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el agente o las personas antes referidas formen parte.
III. Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, haga inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior.
ARTÍCULO 261
Al servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública, se le impondrá de un mes a seis años de prisión, de diez a cincuenta días multa, destitución del empleo o cargo e inhabilitación hasta por seis años.
‘Nos dejaron una ventanita’: Saucedo
El abogado Roberto Saucedo Pimental sostiene que las autoridades de Guanajuato ya no tienen argumentos jurídicos para negarse a indagar la corrupción del sexenio anterior
¿Qué me puede comentar sobre las denuncias que presentó en representación de Ciudadanos Hartos contra el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez?
En el caso DIF el 21 de febrero el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Guanajuato determinó que los ciudadanos no teníamos interés legítimo y jurídico para denuncia. Pero esto a su vez nos dejó una puerta abierta y es la que estamos aprovechando.
¿A qué se refiere?
Esta puerta abierta lo que dice es lo siguiente: si una denuncia implica revisar la Cuenta Pública entonces los ciudadanos no pueden denunciar, en todos los demás casos sí pueden denunciar, entonces por esa razón en cuanto conocimos la sentencia volvimos a presentar la denuncia del DIF estatal, eliminamos todos los aspectos que tengan que ver con la revisión de la Cuenta Pública.
¿Qué incluye la denuncia?
Todas aquellas conductas que quedan fuera de esta limitante, el acto de contratación de los parientes en el caso DIF, que se contrató a la hija de Juan Manuel Oliva para prestar el servicio de banquetes al DIF, esto no tiene que ver con Cuenta Pública sino con la decisión de contratar a alguien con quien no se debe.
Otro, haber asignado directamente los contratos a las empresas de la nuera de Elias Villegas Torres.
¿Ante qué instancia está presentada esta denuncia?
Ante la Fiscalía Especial de Servidores Públicos en Guanajuato, una semana después del 12 de febrero.
¿No es volver a lo mismo, que el Gobierno del Estado se niegue a investigar?
Jurídicamente ya no tendrán ningún argumento Miguel Márquez ni el procurador Carlos Zamarripa para no investigar, todos los argumentos jurídicos que nos fueron poniendo como obstáculos ya se fueron de alguna manera clarificando a través de todas las instancias, porque esto ya lleva más de tres años, lleva más de 20 procedimientos entre amparos, impugnaciones, recursos, ya se depuró. Nos cerraron todas las puertas, pero nos dejaron una ventanita que estamos usando con los instrumentos legales que tenemos.
¿Qué delitos representan estas contrataciones?
Son dos conductas, el tráfico de influencias porque la propia norma penal prohíbe contratar con parientes, y puede darse el abuso de autoridad porque la ley de adquisiciones establece todo un procedimiento para poder realizar contratos de suministro, en este caso se violaron todas esas normas con la finalidad de contratar a la nuera del señor Elias Villegas Torres.
¿Confían en que se inicie procedimiento penal contra el ex Gobernador al menos por estos dos delitos y que de aquí se desprenda lo demás?
A eso le apostamos, nada más que inicialmente la averiguación tendrá que centrarse en la esposa de Juan Manuel Oliva y en los servidores públicos que estaban al mando de esta mujer, que era la directora general del DIF en ese entonces y de las diferentes áreas.