Los activistas sociales Julián Le Barón y Gilberto Lozano estuvieron ayer en León para convocar a la sociedad a unirse y exigir que las autoridades de todos los niveles de Gobierno cumplan, o sino que se vayan.
Ambos convocaron a no “lloriquear” por lo que no está bien en el país, ni a esperar que llegue un “Chapulín Colorado” a resolverlo, sino a creer en el poder que tienen como ciudadanos y hacerlo valer.
Le Barón es un chihuahuense a quien el crimen organizado le arrebató a su hermano Benjamín y a su cuñado, Luis Widmar, en 2009; eso le cambió la vida y desde entonces recorre el país para alzar la voz contra la delincuencia.
Gilberto Lozano, de Monterrey Nuevo León, es presidente del Congreso Nacional Ciudadano, agrupación que impulsa la organización ciudadana desde lo local para exigir mejores gobiernos.
A invitación del abogado Visente Hernández Barrios, quien promueve el movimiento “Ciudadanos Apartidistas por un Gobierno Decente”, los activistas sociales visitaron León para dar un mensaje de aliento a quienes creen que nada se puede hacer en contra de los partidos políticos y “sus parásitos”.
Lozano refirió que si las instancias de justicia no funcionan para que los funcionarios corruptos la paguen, queda la figura constitucional del juicio popular, la cual su organización social aplicó en septiembre del 2009 al ex gobernador priísta de Nuevo León, Natividad González Parás.
Lo mismo se hizo contra los ex gobernadores Enrique Bours, de Sonora; y Ulises Ruiz, de Oaxaca. Y en Monterrey este domingo tienen emplazado al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, frente a Palacio de Gobierno, para que les explique el incremento desproporcional de la deuda pública de la entidad.
Recordó que hace 15 años miles de personas se unieron para protestar y “tumbaron” al entonces gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, por las irregularidades detectadas en su mandato.
A los movimientos ciudadanos locales Gilberto Lozano les recomendó actuar en dos vías contra los funcionarios que no hacen su trabajo: la vía jurídica y la presión social, usar las redes sociales para exhibirlos y encauzar sus movilizaciones con una exigencia clara y no perderse en muchos temas.
Julián Le Barón compartió que cuando el secuestro de su hermano Éric, de 16 años, no pagaron rescate; se movilizaron para exigir al Gobierno actuar y en tres meses fue liberado.
Eso hizo que naciera un movimiento antisecuestro con más de cinco mil personas, y luego vino el secuestro y asesinato de su hermano mayor y su cuñado cuando un comando irrumpió de manera violenta en un domicilio particular.
“Eso fue en el 2009 y no hay todavía un solo sentenciado; falta más acción de las autoridades”, apuntó Julián Le Barón en una plática con unas 15 personas y medios de comunicación.
Por la tarde los activistas se reunieron con más ciudadanos en el Club Rotario de la colonia Arbide.
Hay movimiento leonés
Visente Hernández Barrios comentó que en el caso de León consideran que hay una forma prepotente de gobernar y no comparten decisiones de la autoridad.
Tales como la clausura de drenajes de tenerías, el incremento de los delitos, el que no se actúe contra las narco-casas, y la licitación del servicio de recolección de basura que consideran puede dejar sin empleo a los trabajadores actuales locales.
Roberto Saucedo Pimentel, de Ciudadanos Hartos, A.C., comentó que la lucha no es fácil y recordó la serie de denuncias públicas y legales interpuestas contra irregularidades en la Administración del ex gobernador Juan Manuel Oliva (ahora candidato a la Secretaría General del Comité Nacional del PAN).
Mencionó como desde hace un año presentaron al gobernador Miguel Márquez, al Congreso local, y a los 46 ayuntamientos, una propuesta con una serie de medidas legales para mejorar el combate contra la corrupción, pero ninguna instancia la hizo suya; es más, ni siquiera les respondieron.