Hace juez responsable a víctima de abuso escolar

Un juez interino en el sistema de justicia para adolescentes en León resolvió que un estudiante de segundo de secundaria víctima de bullying también es responsable de la conducta en su contra, al igual que su agresor.
Se trata de un caso ocurrido en la Secundaria Número 2 “Diego Rivera”, en junio de 2013, cuando un estudiante lesionó a otro al presionarlo del cuello, lo que ocasionó que se desmayara y cayera al piso rompiéndose dos dientes.
En 10 meses que estuvo el asunto en los tribunales, el 22 de mayo el juez interino Jorge Luis Sánchez Ramírez, del Juzgado para Adolescentes en León, resolvió que hay concurrencia de culpas entre víctima y agresor, por lo que los padres de ambos deberán de pagar por partes iguales los gastos médicos.
De acuerdo con el expediente, el afectado, de nombre Alejandro, declaró que fue agredido el 19 de julio de 2013 por un compañero identificado como Ignacio, quien con su brazo derecho lo sujetó del cuello, presionándolo hasta perder el conocimiento.
El agresor, quien había dicho a varios estudiantes que sabía “dormir” a la gente con una maniobra, le dijo que cuando no sintiera nada le tocara la pierna, pero Alejandro perdió el conocimiento.
El jovencito se golpeó en el piso y se rompió dos dientes.
El agresor alegó que fue el propio afectado quien le pidió que le aplicara la llave en el cuello, tras de que una compañera habría accedido pero luego se arrepintiera; este testimonio se sumó a la averiguación previa.
“Únicamente quiero decir que sí lo tomé del cuello, pero fue porque él mismo me lo pidió”, declaró el agresor ante el Ministerio Público.
En un careo durante el juicio Alejandro reiteró que él nunca accedio a que le aplicaran la llave, que él no se llevaba bien con Ignacio para que le hiciera eso y que si le hubieran pedido el consentimiento le hubiera dicho que no, de haber sabido las consecuencias.
El juez interino Jorge Luis Sánchez Ramírez determinó que había concurrencia de culpas, por lo que deberán de pagar partes iguales la reparación del daño que equivale a seis mil 350 pesos de gastos de la atención odontológica.
La sentencia fue impugnada por la parte afectada, al considerar que no hubo una actuación correcta por parte del juez.
A casi un año de los hechos el expediente será revisado en segunda instancia.