Se infiltran narcos en sistema judicial de Costa Rica

Las autoridades judiciales de Costa Rica han tenido que enfrentarse a un panorama que creían que les era ajeno: la sospecha de que una juez de la provincia caribeña de Limón cobró casi 40.000 dólares de un narcotraficante para dejarle libre.
La implicada ha sido detenida. Y las instituciones judiciales de este País, que hasta ahora se creían fuertes, han visto cómo se evidenciaba que el crimen organizado se ha colado en el Poder Judicial y cómo ya ha llegado a gobiernos locales y policías.
El presidente Luis Guillermo Solís ha prometido dar continuidad a las políticas de su antecesora, Laura Chinchilla, que logró atenuar la percepción popular del crimen.
Mientras, en la prensa local circula la fotografía de la juez capturada, con la cabeza cubierta por un abrigo que le facilitaron los policías judiciales. Para algunas autoridades, su detención es la prueba de que funcionan los controles; para otros, el ejemplo de que la mano criminal de las organizaciones superó ya esos controles.
En los últimos cinco años se han conocido varios casos de funcionarios judiciales que alteraban pruebas en juicios contra miembros de bandas narcotraficantes de México y de Colombia.
La juez capturada la semana pasada habría cobrado 20 millones de colones (40.000 dólares) a un hombre acusado de traficar con cocaína para que quedara en libertad antes de su juicio, pero el sospechoso huyó del País. El detenido era uno de los narcotraficantes más reconocidos de Limón, según las pesquisas. La juez, de 62 años, estaba a punto de jubilarse. La provincia caribeña es el principal territorio de disputa de bandas criminales ligadas al tráfico de drogas. La cercanía con la porosa frontera sur (con Panamá) y con el mar Caribe, además de las condiciones de bajo desarrollo social –a pesar del empuje de la industria turística– convierte la zona en un lugar anhelado por el narco.