Cientos de miles de menores de edad no acompañados por padres o familiares están inundando la frontera entre México y Estados Unidos, forzando a la Administración de Barack Obama y al Congreso a atender lo que se ha convertido en una crisis humanitaria además de un dilema presupuestario.
Se estima que 60 mil jóvenes cruzarán hacia Estados Unidos este año, un aumento considerable respecto a los 6 mil que lo hicieron en 2011.
Y, además de revisar los casos para analizar regresarlos o dejar que se queden, el Gobierno estadounidense debe encontrar cómo costear su comida, vivienda temporal y transporte cuando son detenidos, un gasto de más de mil millones de dólares.
Tal situación se ha agudizado porque se espera que aumente más el flujo en los próximos años.
La Casa Blanca calcula que los migrantes indocumentados menores de 18 años que cruzan la frontera solos alcanzarán los 130 mil para el 2015, con un costo estimado en 2 mil millones de dólares para su cuidado.
Hasta ahora, entre las acciones que ha tomado el Gobierno de Barack Obama está la inauguración de un refugio de emergencia en una base aérea en San Antonio, Texas, con cupo para mil menores.
“Esta es una crisis humanitaria y requiere de una respuesta humanitaria”, dijo Barbara Mikulski, directora de la Comisión de Asignación de Fondos del Senado.
Mikulski recalcó que la gran mayoría de los jóvenes que cruzan intentan dejar atrás la violencia o la pobreza en México y países centroamericanos como Honduras, donde últimamente han muerto bastantes menores por rehusar a afiliarse a bandas criminales, o El Salvador, donde la tregua entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 parece haber terminado, disparando de nuevo la tasa de muertes diarias.
El aumento en el cruce de menores se da en un momento particularmente complicado en la política estadounidense, con una considerable discrepancia entre demócratas y republicanos sobre el tema migratorio.
Incluso, como las propuestas de reformas del sistema de migración están atoradas en la Cámara de Representantes, liderada por el Partido Republicano y cuyo presidente se ha rehusado a someter a voto una reforma ya aprobada por el Senado, el presidente Barack Obama busca llevar a cabo acciones ejecutivas para remediar la situación tanto de los menores como del resto de los 11.5 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Los choques entre republicanos y demócratas empeoran el problema del financiamiento de programas que ayuden a los jóvenes migrantes.
Según Mikulski, cortes presupuestarios podrían llevar a que los niños sean detenidos en celdas para adultos, además de que se tendrían que quitar fondos a otros programas, como el de ayuda a refugiados de guerra, para costear los 252 dólares diarios que implica tener a un niño bajo arresto migratorio.
Particularmente dado que esa detención puede llegar a extenderse en lo que abogados migratorios como Rebecca Walters, del grupo de asistencia legal “Ayuda”, procesan todos los casos e intentan que los menores que cruzaron para reunirse con familiares tengan la oportunidad de hacerlo y que quienes lo hicieron para escaparse de la violencia puedan argumentar su caso en las cortes.
Walters dijo que, a menudo, maneja 60 casos al mismo tiempo.
La gran mayoría de ellos son niños que se escaparon después que cárteles, bandas criminales o agentes del Estado mataron a amigos suyos y varios otros son menores, intentando dejar atrás situaciones de violencia doméstica.
Uno de sus casos, un niño de El Salvador, era abusado por su padre alcohólico, contó la abogada, pero tampoco quería salir de su casa porque miembros de bandas lo golpeaban repetidamente o intentaban reclutarlo.
Pero, antes de que pueda resolverse su situación, continúan los obstáculos políticos, en especial de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
“La necesidad de atender (a esos jóvenes) está ahí, y nos damos cuenta de la parte humanitaria, pero… el dinero es el reto”, concluyó el senador republicano por Alabama Richard Shelby, quien también forma parte de la Comisión de Mikulski y ha votado en contra de medidas de reforma y alivio migratorias.

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