La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Guanajuato oculta las causas por las que son sancionados o inhabiltados los funcionarios estatales.
AM realizó decenas de solicitudes a la UAIP para conocer las faltas que cometieron funcionarios que fueron cesados e inhabilitados.
Sin embargo, se ocultó la razón de las sanciones.
En la documentación entregada a AM se ocultaron los datos de las causas que motivaron la sanción, como la “conducta” y en algunos casos el “origen del asunto”.
La información proporcionada por la UAIP es escueta; se ocultan los datos básicos que se pidieron en las solicitudes.
Los documentos entregados tienen el número de expediente, la fecha de sanción, el tiempo y la fecha de término de la inhabilitación.
También se incluyó la dependencia a la que pertenecía el funcionario, el cargo que desempeñaba, así como la autoridad que emitió la sanción.
Pero lo medular, que es la causa de la sanción, permanece oculto.
Involucrados en corrupción
AM identificó por otras vías los nombres y cargos de 46 ex funcionarios estatales inhabilitados por presuntos actos de corrupción o irregularidades graves en su desempeño público.
Una vez identificados, se solicitó a la UAIP las fichas de inhabilitación de funcionarios de las Secretarías de Obra Pública, Desarrollo Agroalimentario y de Finanzas, así como del Parque Agro Tecnológico Xonotli, Parque Bicentenario, ISSEG, DIF-Estatal y del Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Guanajuato.
La UAIP entregó las actas, pero censuradas con tinta negra.
Sólo informó que las inhabilitaciones van de 6 hasta 120 meses.
El mayor castigo se aplicó a un ex funcionario de la Secretaría de Finanzas, quien está impedido para trabajar en el Gobierno por 10 años.
Las causas de tan dura sanción son un secreto, pese a que implicaron actos de corrupción o manejo irregular de recursos públicos.
Los protege la Ley
Las faltas cometidas por ex servidores públicos son protegidas por el Artículo 20 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, aseguró Eduardo López Goerne, coordinador de la UAIP.
En las respuestas de las solicitudes entregadas a AM, el funcionario aclaró que esta Ley establece que el motivo de la sanción es confidencial, “para no poner en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
López Goerne argumentó que también se reservan los datos para no dañar la vida privada de los ex funcionarios inhabilitados.
Difundir la causa de las sanciones, “puede producir un perjuicio a los servidores públicos, tales como la degradación cívica, afectación de su ámbito de su vida privada”, argumentó el coordinador de la UAIP.
Además, consideró que puede poner en riesgo su integridad social y laboral, y afectar a su persona y a su familia.
Ocultan a prófugo
Mientras la UAIP de Guanajuato oculta los motivos de las inhabilitaciones, uno de los funcionarios sancionados aparece en la lista de los delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
En la ficha difundida en todo el País por la Procuraduría se menciona que Eduardo García Sánchez, ex Director de Adquisiciones y Sumistros de la Secretaría de Finanzas, es buscado como presunto responsable de fraude en agravio del Gobierno del Estado.
La información de la Procuraduría detalla que García Sánchez tiene una orden de aprehensión emitida por un Juzgado penal de Guanajuato, en donde se sigue el proceso 111/2013.
El ex funcionario es acusado de un fraude por 27 millones 190 mil pesos, por el uso de facturas falsas con el apoyo de empresas creadas por sus amigos.
Los detalles de los ilícitos en que incurrió, que derivaron en su inhabilitación, sí fueron difundidos por la Procuraduría.
En contraste, la UAIP ocultó esos datos en la ficha entregada a AM.
En la respuesta de la UAIP sobre el caso de García Sánchez se ocultó el motivo de su sanción.
Solamente se informó que la sanción fue una inhabilitación por 120 meses (10 años) para ocupar cargos públicos.
En la ficha se precisa que será hasta el 13 de septiembre del 2023 cuando terminará el periodo de su sanción.
El ex servidor público se convirtió en prófugo de la justicia desde julio del 2013 y el delito que se le imputa es un desfalco a la Secretaría de Finanzas.
Pocos inhabilitados
Entre enero de 2007 y mayo de 2014 fueron sancionados 1,511 funcionarios estatales, de los cuales 47 correspondieron a inhabilitaciones, que es el máximo castigo aplicado a un servidor público.
Las inhabilitaciones se aplican cuando un funcionario comete una falta grave, incurre en corrupción o causa un daño al erario público.
En ocho años sólo el 3% de los funcionarios sancionados han recibido el máximo castigo.
En el DIF-Estatal, donde en el anterior sexenio dominó la corrupción, sólo fue inhabilitado un funcionario en ocho años. El resto de los empleados implicados en actos corruptos, fueron perdonados.
Este año se endurecieron las sanciones.
Y es que de 60 sanciones aplicadas por la Secretaría de Transparencia, cinco funcionarios fueron inhabilitados, que representan el 8.33%.
Los servidores públicos inhabilitados en este año estaban adscritos a la Secretaría de Educación de Guanajuato, al DIF-Estatal, al parque tecnológico Xonotli y a la Procuraduría Ambiental.
Además, se castigó a un funcionario del Municipio de Juventino Rosas.
Sancionan a 61este año
La Procuraduría General de la Justicia del Estado de Guanajuato es la dependencia con mayor número de servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Transparencia.
Tan sólo en lo que va del año se ha sancionado a 61 funcionarios estatales, de los cuales 16 pertenecen a la Procuraduría.
En segundo lugar está el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (figura legal de la Secretaría de Salud), que acumula 9 funcionarios sancionados este año.
Le siguen la Secretaría de Educación de Guanajuato con cinco y la Secretaría de Finanzas con cuatro.
Este año van 24 dependencias estatales con registro de personal sancionado, de las que se inhabilitó a cinco servidores.
El año pasado, de 296 trabajadores sancionados del Estado, 22 fueron inhabiitados.
A pesar de que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas tiene publicado el padrón de servidores sancionados, no se hace mención del motivo por el cual se aplicó el castigo o se inhabilitó al funcionario, ni por cuánto tiempo.
En un análisis de datos del Sistema Estatal Único de Registro de Servidores Públicos Sancionados, se detectó que del 2006 hasta el 12 de junio del 2014 se han aplicado mil 657 sanciones, de las cuales el 34% corresponden a la Procuraduría.
Inhabilitan a ex director de Parque Xonotli
La inhabilitación más reciente ocurrió el pasado 17 de junio, contra Édgar Galicia Pereyda, quien estaba adscrito a la Procuraduría Ambiental.
Antes había trabajado como Coordinador de control y seguimiento de auditorías de la Secretaría de Salud.
También este año fue inhabilitado Luis Manuel Gaytán Borgoñón, quien se desempeñó como el primer director del Parque Xonotli.
Dicho parque agrotecnológico fue edificado en los terrenos que el Gobierno compró en 2009 en Salamanca y Juventino Rosas, a través de la empresa fantasma ‘Cereales y Pastas Finas’, para una fallida refinería.
Rafael Meza Galván, quien se desempeñó como contralor interno del DIF-Estatal durante el Gobierno de Juan Manuel Oliva, fue inhabilitado este año, a pesar de que fue cesado de su cargo desde enero de 2011 por presunta corrupción.
La lista de funcionarios inhabilitados en lo que va de 2014 la completa José Guadalupe Uvalle Mejía, ex jefa del departamento de control escolar de la SEG.
