Reclama Ecuador por muerte de niña

El Gobierno de Ecuador demandó a las autoridades mexicanas esclarecer la muerte de la menor Jhoselin Noemí Álvarez Quillay, quien fue alojada en un albergue del DIF en Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo pasado.
La pequeña de 12 años, quien fue detenida por la Policía Estatal junto con el pollero que la trasladaba a Estados Unidos, apareció sin vida en el baño del centro “Villa Esperanza”.
Su fallecimiento ocurrió 33 días después de que salió de su casa en la provincia ecuatoriana de Cañar con el propósito de reunirse con sus padres.
En conferencia de prensa en la Embajada ecuatoriana, la Viceministra de Movilidad Humana del País sudamericano, María Landázuri de Mora, lamentó ayer que a cuatro meses del deceso, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría estatal sigan inconclusas.
“El Estado ecuatoriano desea extender su preocupación por el fallecimiento de nuestra niña, ocurrida en territorio mexicano. El caso da cuenta del estado de indefensión en que se encuentran los niños migrantes.
“El viernes 11 de julio se cumplirán cuatro meses de su deceso en Ciudad Juárez. Es del interés del Estado ecuatoriano velar porque este hecho sea esclarecido satisfactoriamente en todas sus instancias”, demandó.
Acompañada por el Embajador Alfonso López Arajujo, la enviada del presidente Rafael Correa reclamó que las autoridades mexicanas no hayan dado aviso inmediato al consulado de Ecuador en Monterrey cuando la niña fue detenida.
“Conocimos de ella cuando ya había fallecido”, lamentó.
Para el Gobierno ecuatoriano, indicó, las autoridades mexicanas incurrieron en incumplimiento de formalidades institucionales, pues no privilegiaron el interés superior del niño conforme lo establece la convención internacional en la materia, es decir, adoptando las medidas de protección y asistencia en las instancias de la toma de la declaración, aseguramiento o evaluación psicológica.
La Viceministra indicó que existen dos procesos de investigación abiertos por este caso en la Procuraduría Estatal y en la PGR, uno por los delitos de homicidio y corrupción de menores, y otro por el delito de tráfico ilegal de indocumentados.
El Embajador López Araujo señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también indaga el caso.