Los maestros que impidieron la realización del examen de ingreso al Servicio Profesional Docente en Oaxaca y Michoacán deben ser sancionados, señaló Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado.
Subrayó que la aplicación de la ley que regula ahora la asignación de plazas docentes no debe estar sujeta a negociación.
“La no aplicación de la ley no es una opción, la no aplicación de la ley es un autoritarismo pasivo a falta de oficio político de la autoridad, a falta de legalidad, a falta de un estado de derecho y no se puede permitir”, remarcó.
“No se puede permitir tener entidades fallidas como Oaxaca y Michoacán, donde es claro que hizo falta la autoridad”.
Corresponde a la autoridad, insistió, cumplir con el mandato que establece la ley para seleccionar a los mejores maestros y sancionar a quien lo impida.
“Los maestros que impidieron que se realizara el examen deben ser sancionados y por otro lado, si la autoridad ya sabía que esto podía ocurrir es claro que faltó oficio político para prevenirlo”.
No obstante, consideró, la reforma educativa pasó su primera prueba con el concurso de oposición para educación básica.
“Por primera vez se aplica un examen nacional, habrá que esperar los resultados, pero confió en que los exámenes fueron  técnicamente válidos”, indicó.
Ayer concluyó la aplicación de exámenes para ese nivel.
En Oaxaca, donde se abrieron a concurso sólo 22 plazas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidió que los 1 mil 301 aspirantes registrados presentaran el examen.
En Michoacán se registraron 4 mil 689 aspirantes para ocupar 134 plazas de jornada y 355 horas de asignatura, pero las autoridades decidieron suspender el examen por presión de la disidencia magisterial.

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