Investigadoras del grupo de trabajo que analizó la declaratoria de Alerta de Género de Guanajuato denunciaron irregularidades en el proceso de investigación y votación.
El pasado 10 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió 13 recomendaciones al Gobierno de Guanajuato enfocadas en disminuir la violencia contras las mujeres en el Estado de Guanajuato.
Las recomendaciones fueron realizadas por un grupo de trabajo de investigadoras, activistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
“El Instituto Nacional de las Mujeres de Guanajuato no representó en ningún momento los intereses de las mujeres guanajuatenses, todo el tiempo fue el principal opositor a cada una de nuestras recomendaciones”, aseguró en conferencia de prensa Cynthia Galicia, investigadora que formó parte del grupo.
Las dependencias gubernamentales, acusó, votaron en contra de las recomendaciones en materia de procuración de justicia propuestas por las investigadoras, mientras que la CNDH se abstuvo de participar en las votaciones por considerarse un organismo autónomo observador, y no participante.
Rosalba Vázquez, académica que también formó parte del grupo de trabajo, calificó de insuficiente el tiempo para investigar la violencia feminicida en el Estado, así como para discutir las recomendaciones apropiadas.
“Son 30 días (para investigar y discutir), pero yo creo que nos reunimos en efectivo ocho días: ocho días que tuvimos un trabajo real, que estuvimos en las entrevistas, en la investigación, en las instancias de atención para las mujeres”, señaló.
Las investigadoras explicaron que diversas recomendaciones no fueron incluidas al informe final otorgado a Guanajuato, incluyendo el principio de exhaustividad en la revisión de expedientes, órdenes de protección, creación de un cuerpo policial especializado, un protocolo de comunicación entre dependencias ante violencia feminicida, y refugios para mujeres.
Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, lamentó que el Reglamento para Declarar la Alerta de Violencia de Género permita irregularidades que obstaculizan la justicia para las mujeres.
“El Reglamento ha sido el obstáculo que ha puesto el Gobierno para no cumplimentar, para no hacer efectiva la alerta de género (…) desde el 2008 han dedicado el dinero público a obstaculizar que exista un mecanismo de alerta de género”, dijo.
A fin de darle seguimiento durante los siguientes seis meses a las recomendaciones emitidas a Guanajuato, se formará un frente de vigilancia conformado por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Centro Las Libres, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.