El malgasto público en la educación básica en el país contrasta con las condiciones de infraestructura que hay en miles de escuelas, consideró Antonio Fernández Martínez, investigador asociado de “México Evalúa” y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
AM publicó ayer que en el estado de Guanajuato se gastan irregularmente cada año 429 millones 55 mil 334 pesos en la nómina educativa de nivel básico, según reveló el estudio “Censo educativo: Radiografía del Dispendio Presupuestal” realizado por la organización “México Evalúa”.
“No se trata sólo de denunciar, sino de ver el problema; en Guanajuato la SEG tendría que hacer pública toda la información de su nómina, nombres y apellidos, cotejar con las cifras del censo y detener los problemas”, comentó el analista.
“Esto no se va arreglar con la centralización de la nómina, no todos los maestros son federalizados, lo que tiene que hacer el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación es empezar las investigaciones para dentro de lo administrativo saber quien autorizó estos pagos”, añadió.
“Al centro de todo este debate está el problema de la calidad de la educación que le damos a nuestros niños y jóvenes”, finalizó Fernández Martínez, uno de los realizadores del estudio.
En el caso de Guanajuato hay dos mil 481 escuelas sin agua potable corriente, tres mil 924 sin drenaje, 679 sin energía eléctrica, 645 sin sanitarios, 490 con techo inadecuado, 95 con paredes inadecuadas y 212 con piso de tierra, según el estudio de México Evalúa basado en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE).
El censo levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 26 de septiembre al 13 de diciembre de 2013 costó 740 millones de pesos y se hizo con el objetivo de poder contar con cifras confiables tanto de la nómina educativa como de la matrícula, así como del estado de la infraestructura educativa en México.
Preocupa ausencia en censo
El hecho de que cuatro mil 849 personas que están dentro de la nómina educativa de nivel básico en la entidad hayan estado ausentes durante el levantamiento del censo educativo realizado por el INEGI el año pasado es alarmante, refirió Marco Antonio Fernández Martínez.
“El censo no se levantó en un día, fueron varias semanas en las que se dieron los cuestionarios y se estaba recopilando la información”, comentó.
“En Guanajuato no hubo epidemia ni nada entre los maestros, entonces es muy sospechoso que el 4.95% de la nómina estuviera ausente cuando se levantó el censo”, añadió.
“No se ha dado a conocer ni en Guanajuato, ni en ningún otro estado, el detalle de las prestaciones de los maestros; no nos han dicho, a pesar de que el censo recogía esta información; quién está dentro del programa de carrera magisterial, si su plaza es de tiempo completo o si son por horas”, cuestionó.
“En un estimado conservador, en un escenario optimista, calculamos que en Guanajuato esto (irregularidades) cuesta aproximadamente y por lo menos 429 millones de pesos, pero en el peor de los escenarios se gastaría 818 millones de pesos”, sostuvo.
De todos los recursos que el Estado gasta en educación pública, el “tiradero” representa entre el 2.5 y el 4.7% del presupuesto estatal para educación pública básica.
“Vemos todos estos problemas y el tamaño de las anomalías y lo que cuestan; se ve un desfalco y un atentado contra niños y jóvenes guanajuatenses, lo peor del caso es que llevamos cuatro meses con esta información”.
“Ni el Gobernador ni el Secretario de Educación, ni el Congreso local, ni el órgano de control interno de la SEP, nadie ha hecho una investigación sobre quién es el beneficiario de estas transas”, finalizó.