Los recursos públicos que los partidos políticos destinan para financiar las campañas electorales podrían ser modificados por la Suprema Corte de Justicia.
Los ministros debaten anular fracciones del artículo 72 de la Ley de Partidos, que clasifica como gastos ordinarios los destinados a “estructura partidista de campaña” y los relativos a “estructuras electorales” que participan en campañas.
El proyecto de sentencia, de la ministra Margarita Luna Ramos, señala que este tipo de gastos no están previstos en la Constitución y rompen el principio de separar los recursos destinados a campañas, de aquellos que son para el sostenimiento permanente de los partidos.
“La Constitución no autorizó que los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten, y mucho menos que se sumen sus montos, por lo que este Tribunal Pleno determina que las normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’ y de ‘estructuras electorales’”, dice el proyecto.
“El legislador secundario los etiquetó dentro de las actividades ordinarias de los partidos, lo cual no es constitucionalmente admisible porque significa incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos intermitentes para la obtención del voto”, agrega.
Ayer, la Corte inició el análisis de las leyes secundarias de la reforma electoral impugnadas por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano mediante cuatro acciones de inconstitucionalidad que abarcan 48 temas.
Para la invalidez de cualquiera de ellas se requiere el voto de al menos de ocho de los once Ministros.
Luna Ramos también propuso anular una norma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que solo prohíbe repartir material “que contenga propaganda política o electoral de partidos” para fines de compra del voto.
Lo anterior, señala el proyecto, porque bastaría que los partidos entreguen bienes que no “contenga propaganda” para tratar de ganarse la voluntad de los electores.
Otro tema donde se discutirá la invalidez, es la fórmula para asignar diputados de representación proporcional en los Estados, ya que la Constitución no facultó al Congreso de la Unión para incluir este tema en la Ley General.
Cuestionan opacidad en gestión pública
La opacidad en el ejercicio de las funciones públicas es el germen de la desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso para hacer cosas indebidas, aseguró el ministro Juan Silva Meza.
Al inaugurar el “Seminario de Transparencia Judicial 2014”, el presidente de la SCJN reiteró el compromiso del Poder Judicial con la transparencia, principio fundamental del ejercicio de las potestades estatales.
“Los países inmersos en procesos de consolidación de sus democracias, tienen un deber inexcusable con el derecho a la información y el genuino escrutinio del poder público por parte de la ciudadanía”, sostuvo.
El Poder Judicial, dijo, ha asumido su compromiso con la transparencia a través del Canal Judicial, en el cual la ciudadanía puede ver cómo se dan las deliberaciones en la Corte y entender sus resoluciones; además de que pone a disposición de la ciudadanía información sobre aspectos relativos a su gestión.