José Arturo Campos Padilla, ex maestro de matemáticas de la Secundaria Técnica 32 de Irapuato acusado de abusar de una alumna de 13 años, quedó en libertad en julio.
Desde que fue detenido, el 22 de mayo, aceptó su culpabilidad en el caso, lo que le trajo beneficios.
Alcanzó una pena mínima de tres años de prisión con derecho a obtener su libertad condicional, que hizo válida con el pago de dos mil 423 pesos y 26 centavos.
La juez Mirna Edith Higareda ordenó su libertad hace unos días, con la consigna de que el ex profesor, quien fue removido por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) tras su detención, cumpliera con un trabajo en favor de la comunidad.
La SEG informó que de enero a junio de este año se presentaron seis casos de abuso sexual en cinco municipios del estado; en todos los casos la dependencia se limitó a remover de su cargo a los profesores sin ejercer acciones penales.
En respuesta a la solicitud de acceso a la información 17907, en la que se pidió el detalle de las sanciones impuestas a los profesores acusados de abuso sexual en escuelas públicas desde enero de 2010 a junio de 2014, la Secretaría de Educación se limitó a informar que los casos de años anteriores se atendieron, sin especificar en qué terminaron, mientras que acerca de 2014 reportó que se separó de manera definitiva a los docentes.
“Por lo que hace el número de quejas reportadas a la SEG por conductas de tipo sexual, en el periodo 2010 a 2013, se le informa que éstos fueron atendidos en tiempo y forma. Ahora bien, en el lapso del periodo de enero de 2014 a la fecha, se registraron seis casos de conductas de tipo sexual, en los que se resolvieron mediante la separación definitiva de los docentes responsables del servicio educativo”, se informó.
Dos de estos casos se presentaron en Irapuato, mientras que los otros cuatro sucedieron en León, Valle de Santiago, Abasolo y Guanajuato capital.
En julio se dio a conocer el caso de un maestro que presuntamente abusó de seis alumnas de una primaria de Romita. También fue removido.
Preocupan agresiones
La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició, entre enero y julio de 2014, cinco expedientes de queja por abuso sexual en agravio de menores de edad en escuelas de Guanajuato.
De estos cinco expedientes, falta únicamente la resolución de dos por parte del organismo. Se trata de un caso de León, en el que la familia de la víctima pidió ampliar la investigación y consultar a otros presuntos implicados en el abuso llevado a cabo en la Secundaria 8; y de otro en Romita, que tiene unas semanas que se dio a conocer.
En las resoluciones, la oficina del ombudsman ha recomendado a la Secretaría de Educación de Guanajuato que se inicien procedimientos administrativos en contra de los presuntos culpables, aplicándose lo establecido en la Ley de Responsabilidades del Servicio Público.
“Lo que tenemos en los expedientes es que ellos tienen un procedimiento interno laboral que tiene que ver con el castigo de esa naturaleza en el ámbito laboral y lo que hacen es que los separan, les dan días de castigo.
“Lo que les hemos recomendado es el inicio de los procedimientos disciplinarios de carácter administrativo, esos son diferentes a los internos laborales porque tiene un estatus legal diferente, que se sancione a los maestros que hayan incurrido en alguna falta y se tomen las sanciones pertinentes, y lo otro es la vía penal, en el caso de los niños que hayan sido víctimas que respondan ante la ley penal de su conducta”, comentó el secretario de la PDHEG, Juan Sámano Gómez.
Ante los recientes casos de abuso, consideró preocupante el agravio a los menores de edad por el entorno en el que suceden, por lo que pidió a las autoridades escolares que sigan capacitando a sus colaboradores en materia de derechos humanos.
“Es preocupante porque estamos hablando de que esas conductas son cometidas por quien menos esperas que las haga, tú dejas a tus hijos bajo la salvaguarda de los maestros, obviamente no son todos los maestros, pero son preocupantes en el sentido de que las denuncias se han incrementado.
“La Ley para un Entorno Escolar Libre de Violencia establece un protocolo de denuncia, cuando le llega al director de la escuela alguna situación de cualquier tipo de maltrato, él debe subirla a sus superiores y hay formatos, eso es parte de lo que hemos estado insistiendo porque es fundamental que se conozca”, dijo.
Señaló que no es suficiente con separar del cargo a los profesores sin que se les castigue de manera ejemplar en materia penal, y aseguró que trabajarán muy de cerca con la SEG en este tema.
“Evidentemente no es la solución (separarlos del cargo), estaremos atentos a que las quejas sean atendidas conforme a derecho y lo que nos preocupa es la actuación de las autoridades y estaremos con ellas no solamente para señalar y recomendar sanciones sino también como un instrumento de cooperación a través de las recomendaciones y de los instrumentos de la Procuraduría”, apuntó.
Mientras hace unos días la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que de 2010 a la fecha se presentaron 24 casos de abuso sexual en escuelas del estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha iniciado 22 expedientes de queja, de los que han resultado recomendaciones por violación a los derechos del niño, ejercicio indebido de la función pública e irregular integración de la averiguación previa.
Marcados de por vida
El sicólogo y sicoterapeuta Gaudencio Rodríguez Juárez, con más de 15 años de experiencia en atención de víctimas de maltrato infantil, lamentó que todo quede en sanciones administrativas, pues esa sanción es leve si se toma en cuenta la afectación sicológica en los niños.
“La remoción del cargo únicamente es una medida muy limitada que redunda en impunidad, las víctimas necesitan una protección más extrema, a los victimarios habría que llevarlos ante la justicia y tendría que tomarse las sanciones que los códigos penales tengan como medida.
“Es una medida muy limitada que le abona a la impunidad y que en términos sociales contribuye a incrementar la reincidencia en abuso sexual en la sociedad, cualquier abusador, no importa cuál sea su rol, en este caso si es profesor, tendría que ser llevado ante la justicia y en eso no hay vuelta de hoja”, comentó.
Consideró que en cuanto a maltrato infantil, el sexual es el más grave por las consecuencias que deriva en las víctimas.
“Dentro de los tipos de maltrato infantil el abuso sexual es el más grave, el tipo de afectaciones que suele tener la víctima de abuso sexual va desde depresión, tristeza y estrés postraumático, que a su vez tiene muchos síntomas como el trastorno del sueño, el trastorno de la alimentación y el revivir de manera reiterada la experiencia de abuso sexual.
“Obviamente esto se traduce en una pérdida de confianza, inseguridad, pérdida de autoestima, una autoimagen que el niño hace de sí mismo negativa porque entonces el niño se siente sucio, culpable”, explicó Rodríguez Juárez.
Al conocer, en base a su experiencia, estas características, instó a las autoridades a brindar confianza a las víctimas y actuar de manera ejemplar, pues en la mayoría de los casos han caído en un doble discurso.
“En todos los casos tenemos que ponernos del lado de la víctima y más si son infantiles, el estado tiene que ser el garante de los derechos de la infancia y uno de los derechos es una vida libre de violencia y cuando los funcionarios son los victimarios tienen una responsabilidad todavía doble.
“Habría que no sólo alentar la cultura de la denuncia sino abrir los canales para que tales denuncias sí sean atendidas porque estamos cayendo en un doble mensaje, por un lado se le alienta a la denuncia pero por otro en muchas denuncias no se les atiende a los padres, se desconfía de ellos se les estigmatiza y eso desalienta la denuncia”, enfatizó.