El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar una investigación seria del caso Tlatlaya.
“Espero que la CNDH, que ha estado desdibujada, que más bien ha brillado por su ausencia y ha pedido varias semanas para poder pronunciarse, con esta decisión de Sedena de modificar su versión original, pueda adelantar y promover una investigación creíble, seria, rigurosa”.
“Como aquellas investigaciones que realizó durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón, que contradecían abiertamente versiones del Ejército y de la Marina en gravísimas violaciones a los derechos humanos que intentaron ser encubiertas”.
El martes, el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, desestimó la versión de que 21 presuntos delincuentes hubieran sido ejecutados por militares en Tlatlaya, como indicó una testigo, pues había “claridad” de que se trató de un enfrentamiento.
En entrevista con REFORMA, Vivanco dijo que Tlatlaya pudiera ser una de las más grandes masacres que involucran al Ejército mexicano en muchos años, quizás desde el conflicto en Chiapas, de 1994, con la masacre de la Clínica de Ocosingo o el llamado Ejido Morelia.
Advirtió que en este caso hay dos crímenes que perseguir, por un lado la masacre, pero por el otro, y quizás más grave aún, su encubrimiento por más de tres meses, tanto por autoridades militares como civiles.
“A la Procuraduría General de la República (PGR) le cabe la responsabilidad de investigar no sólo a aquellos que participaron directamente en los hechos, a los que dieron las órdenes, a los que fueron consultados durante el incidente y con posterioridad, sino especialmente a aquellos que se prestaron para un deliberado encubrimiento, que no se habría podido desmontar si no fuera por el trabajo tenaz y los riesgos asumidos por periodistas”.
Asimismo, externó su preocupación respecto a la investigación del caso en la jurisdicción militar, en el sentido de que ésta se acote a un grupo de soldados de bajo rango, quienes habrían actuado de manera irregular por su propia cuenta, desobedeciendo órdenes superiores y además, engañando a todo el Ejército.
Para Vivanco, el caso Tlatlaya, y sobre todo su presunto encubrimiento, es la prueba de fuego para que la PGR certifique la credibilidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto en su compromiso con los derechos humanos.
Señaló que está por verse si la reforma al fuero militar (las violaciones cometidas por militares serán juzgadas por autoridades civiles) será debidamente asumida por los órganos de la justicia penal ordinaria.
Piden someterlosa justicia civil
Los militares involucrados en el caso Tlatlaya, Estado de México, deben ser juzgados por la justicia civil, además de que el Gobierno federal debe garantizar transparencia, exigió el senador perredista Alejandro Encinas.
Ddemandó publicar los nombres todos los muertos y detallar a qué organización criminal, social o política pertenecían.
Consideró que este caso pondrá a prueba la reforma al fuero militar que aprobó el Congreso, y que aplica pues los muertos son civiles y se acusa a militares en servicio.
Para el legislador, no se necesita ser perito o un especialista en el tema para sospechar que la escena del crimen fue alterada, y a los cuerpos les sembraron armas.