La alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez aseguró frente a 14 integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad que la asociación “Ser Soluciones Responsables AC” sí cumplió con el contrato que le otorgaron por 3.5 millones de pesos para impartir capacitaciones a elementos de Seguridad Pública Municipal.
AM publicó que esta asociación de la que un funcionario municipal (Ramiro Salazar Moreno) fue apoderado legal, incumplió con un contrato de más de 3.5 millones pesos para ofrecer distintos cursos a elementos de Tránsito y Policía Municipal.
Debido a que, aún cuando AM le solicitó al Municipio copia de todos los documentos que comprobaran el cumplimiento de estas capacitaciones, solo se proporcionaros grabaciones y fotografías de entrevistas y talleres impartidos a pequeños grupos de agentes de Tránsito entre el 15 y el 30 de abril de 2014.
Además de que elementos confirmaron que no habían asistido a talleres de ética y nutrición, que forman parte de este contrato.
Ayer por la mañana, antes de iniciar la sesión ordinaria del Consejo de Seguridad, la Alcaldesa señaló 12 cajas y les dijo a los asistentes: “Aquí están los probatorios del contrato, las fichas y toda la documentación que comprueba que las capacitaciones se impartieron, todos ustedes pueden revisarlas sin ningún problema”.
Según varios consejeros consultados, Botello aseguró frente a ellos que al reportero que difundió la información respecto a que la asociación inclumplió en las capacitaciones, se le mostró la misma documentación.
“Al periodista se le permitió tener acceso a todas estas carpetas, pero ni al él ni a ustedes se les puede facilitar una copia de esta documentación, pero pueden revisarla (…) El periodista no quiso incluir la información de los probatorios y yo no puedo estar pagando un desplegado por cada nota periodística”, aseveró.
Al reportero de AM que investigó los cursos le mostraron una gran cantidad de documentos, con la advertencia de que no podía tomar siquiera notas. A la petición de recibir una copia, el Municipio respondió horas depués con la entrega de grabaciones y fotografías de entrevistas, unas cuantas hojas y un curso sobre nutrición.
Demandan reformas
Tras escuchar las declaraciones de la alcaldesa Bárbara Botelo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Gustavo Guraieb Ranth, le solicitó que haya reformas al reglamento de contratación municipal.
Lo anterior, dijo, para evitar que se repita que un funcionario forme parte de una asociación o empresa que sea contratada por el Gobierno.
Juan José Villalobos Grzybowicz, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), aclaró que la Edil les informó que el empleado municipal no prestó el servicio sino la asociación de la que era socio.
“Creo que independientemente de que sea mercantil o civil, sí se modifica la ley municipal en este aspecto, sería más sano para todos; no hagas cosas buenas que parezcan malas”, aseveró.
René Solano Urban, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que a pesar de que Botello negó que la asociación haya incumplido, la Contraloría Municipal debe investigar.
Por último, el representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Antonio Sierra Gurza, aseguró que el Consejo Ciudadano de Seguridad “quedó plenamente convencido” con la explicación de la Presidenta Municipal.
Presenta abogado nuevas denuncias
El abogado Roberto Saucedo Pimentel presentó nuevamente denuncias contra la alcaldesa Bárbara Botello por anomalías en su gobierno.
El también activista presentó dos oficios, uno ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado y otro ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Se aprecia un nuevo acto de corrupción, cada vez son más burdos, por esa razón hoy (ayer) se presentó una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior, también se denunció ante la Procuraduría General de Justicia que se investigue la posible comisión de diversos delitos”, informó Saucedo.
Apenas el pasado 18 de noviembre acudió a estas mismas instancias a denunciar a la Alcaldesa para solicitar que las dependencias estatales indagaran sobre la adquisición a sobreprecio de sanitarios rurales.
En esta ocasión en la denuncia ante el OFS el activista, además de presentar denuncia contra la presidenta, también nombró a Ramiro Salazar Moreno, quien es empleado del Gobierno Municipal y es representante de la Asociación “Ser Soluciones Responsables AC”.
AM publicó el lunes que esta asociación pertenece a un funcionario del Gobierno, quien se vió beneficiado con cinco millones de pesos por capacitaciones que no se aplicaron a elementos de Tránsito y Policía Municipal.
En el caso de la denuncia penal, la averiguación previa es la 68/2014 y el fiscal investigador a cargo es Edgardo Agustín Ramírez Pimentel.
“La denuncia penal es para que auditen los entregables en el caso del contrato para la capacitación de los cuerpos de Seguridad Pública; vamos a ver qué tan efectiva resulta la Fiscalía Anticorrupción que creó el Gobernador, el agotar las averiguaciones previas derivadas de las denuncias que se le han presentado”.
“Esperamos que el auditor general se dé prisa en responder, si va auditar o no a la administración barbarista”, agregó.