Por los disturbios registrados el 20 de noviembre en el Zócalo no existen culpables.
Juan Carlos Ramírez Gómora, juez decimoséptimo de distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, consideró que la PGR no sustentó las acusaciones contra los 11 detenidos durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Tras esa determinación, fueron puestos en libertad.
Durante la gresca, tres mujeres y ocho varones fueron arrestados por policías que desalojaron a inconformes que habían participado en la jornada de protestas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La PGR los acusó de tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín y, tras sus declaraciones en la SEIDO, fueron recluidos en penales federales de Veracruz y Nayarit.
Las principales pruebas contra los detenidos se sustentaron en los dichos de los uniformados que participaron en el desalojo de manifestantes de la explanada del Zócalo.
Argumentaron que los capturados jalaron, durante la trifulca, a un elemento de seguridad para golpearlo en grupo.
En la sentencia, el juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio por el de lesiones, del cual tampoco encontró elementos probatorios.
La asociación delictuosa se sustentó con “el vandalismo colectivo” y su relación con el movimiento anarquista en México, mientras que el motín se quiso acreditar por “la rebelión contra los uniformados” con el uso de petardos, piedras y palos.
Los delitos son graves, por lo que no habrían podido enfrentar el proceso penal en libertad.
Sin embargo, el juez concluyó que esos señalamientos no quedaron sustentados.
En su criterio, existieron inconsistencias en las declaraciones de los policías asentadas en la documentación penal.
De entrada, los uniformados federales afirmaron que fueron ellos quienes detuvieron a las 11 personas durante las escaramuzas registradas en el Zócalo, pero en otras declaraciones se asienta que fueron los policías capitalinos quienes realizaron la detención.
La liberación de las 11 personas también respondió a que el juez consideró que las detenciones fueron producto de acciones generalizadas contra los manifestantes la noche del 20 de noviembre.
Padres de las personas liberadas recibieron con júbilo la determinación del juzgado a las afueras de los penales de Veracruz y Nayarit, que los detenidos abandonaron en el curso de la tarde.

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