El Rey ha prohibido a los miembros de la familia real que acepten favores -como vuelos gratis o préstamos sin interés o con un interés inferior al del mercado- y que reciban regalos que “por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario” puedan “comprometer la dignidad de las funciones institucionales” que realizan.
Es decir, que Felipe VI no aceptará ni permitirá que el resto de la familia real acepte obsequios como los que sí recibió su padre: el yate Fortuna, pagado a escote (18 millones de euros en total) por un grupo de empresarios, o los dos ferraris que regaló a Juan Carlos el premier de Emiratos Árabes -uno ha sido cedido recientemente a Patrimonio Nacional y el segundo “está camino de ello”, según fuentes de La Zarzuela-.
A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el nuevo código regulador, los miembros de la familia real solo podrán aceptar regalos que entren dentro de “los usos habituales, sociales o de cortesía”.
Todas estas medidas afectan a la familia real, que desde la proclamación del pasado 19 de junio se reduce a Juan Carlos, Sofía, Felipe, Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Las hermanas del Rey no están sujetas a estas normas por estar ya fuera de la familia real, aunque si puntualmente la infanta Elena acudiese a un acto oficial -y allí le hicieran un obsequio- sí se le aplicarían. A Cristina no le afectan porque desde su imputación en el caso Nóos está apartada de toda actividad oficial de la Casa del Rey.
Con estas nuevas normas don Felipe intenta dar credibilidad a la promesa que hizo en su discurso de proclamación: “encarnar una monarquía renovada”, “íntegra, honesta y transparente”, en la que no se repitan los errores del pasado.
Asesorada por la Abogacía del Estado y por voluntad del nuevo Monarca, la Casa del Rey ha elaborado también un código de conducta para sus empleados.
Por escrito está a partir de ahora la prohibición de participar en “toda actividad privada”, “asunto personal”, “operación financiera o negocio jurídico con personas o entidades que puedan suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto.
También queda prohibido usar en beneficio propio información sobre asuntos financieros de la que disponga por su puesto y aceptar o solicitar, directa o indirectamente, para él mismo o para otros, “retribuciones o favores para promover, orientar o influir en cuestiones internas o externas de la Casa del Rey”.

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