El 5 de febrero de 2014, Kimberli Alisse, de dos años de edad, fue vista por última vez por sus familiares.
Al día siguiente de su desaparición, su mamá y su papá fueron encontrados muertos en el asiento trasero de un auto Chevy, a espaldas de la Central de Abastos de Irapuato. Ambos tenían un tiro en la cabeza.
Desde entonces -hace casi un año- el paradero de la niña es un enigma. A través de la llamada Alerta Amber, su fotografía y sus datos se han difundido en todo el país y en el extranjero, pero no ha podido ser localizada.
En las estadísticas de desaparecidas, Kimberli no está sola. Con ella hay otras 413 mujeres guanajuatenses que permanecen en las bases de datos gubernamentales con la etiqueta de ‘No localizadas’.
Falta coordinación
AM consultó cuatro bases de datos del Gobierno, y encontró que no hay coordinación para realizar la búsqueda de desaparecidos.
Cada dependencia gubernamental tiene su propia base, y no cruzan la información para coordinar la búsqueda de personas.
Por ejemplo, la base de datos de la Procuraduría de Justicia del DF reporta 437 guanajuatenses desaparecidos, la PGR tiene el registro de 141 y la Secretaría de Seguridad Pública 182.
La Unidad de Investigación de AM cotejó los registros de esas tres dependencias, y sólo encontró coincidencias de nombres y datos en 30 casos.
Con la información de las tres dependencias se elaboró una base de datos alterna (descartando sólo los 30 nombres o datos repetidos), y fue así como se obtuvo el dato total de desaparecidos originarios de Guanajuato.
Según esta nueva base de datos elaborada por AM, con cifras al 19 de enero de 2015, el Gobierno tiene a 730 guanajuatenses en sus listas de desaparecidos, de los cuales 414 son mujeres y 316 hombres.
Las mujeres representan el 57% de los desaparecidos.
Sus edades y origen
Por grupo de edad, la mayoría están ubicados entre los 12 y los 19 años con 260 casos; de 0 a 11 años hay 90 menores y de jóvenes de 20 a 30 años hay 157 registros.
Los desaparecidos de 31 a 50 años suman 168 guanajuatenses, de 51 al 68 años hay 45 extraviados y los mayores de 70 años son sólo diez.
León tiene 153 registros de desaparecidos, de los cuales 149 son mujeres.
Celaya por el contrario tiene más hombres desaparecidos (41) que mujeres (33).
Irapuato ocupa el tercer lugar con 53 registros, de estos 30 son mujeres y 23 hombres.
El municipio de Guanajuato tiene como mayoría 17 hombres desparecidos y 9 mujeres, dando un total de 26.
Establecen protocolos
El pasado 29 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el nuevo protocolo de investigación para casos de mujeres desaparecidas.
El protocolo lo debe aplicar la Procuraduría a partir de enero de 2015.
Dentro de las disposiciones, se obliga a aplicar el protocolo ante el mínimo indicio o duda de que se pueda estar frente a una conducta delictiva relacionada con la desaparición de mujeres. Estas nuevas reglas aplicarán en caso de no localización reciente, así como en casos remotos.
Se deben establecer acciones coordinadas para divulgar, a través de todos los medios de comunicación con la autorización de los familiares, fotografía o retrato hablado de la persona.
Los factores que inducen a la investigación son que la víctima sea mujer, que la causa de desaparición sea incierta para la familia, que cuenten con información que confirme que la desaparición se realizó con violencia, que no pueda ser localizada en su entorno familiar, social y laboral.
La aplicación de este protocolo debe estar apoyada en una investigación “con visión científica”, además de considerar los posibles daños a la víctima, ya sean de tipo físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial, así como la degradación, humillación o crueldad, como una expresión de abuso.
El protocolo establece que aún si los denunciantes no aportan datos detallados de la víctima, la autoridad ministerial está obligada a iniciar la investigación.
Además, se obliga a las autoridades de justicia a solicitar información sobre antecedentes de violencia, a dependencias especializadas como el Instituto de la Mujer y la Secretaría de Salud.
Los lineamientos también establecen que la investigación debe ser exhaustiva, se deben agotar todos los medios legales disponibles y agotar todas las líneas de investigación.
Eluden seguimiento
AM acudió a distintos domicilios de personas desaparecidas, y constató que el Gobierno no realiza la búsqueda exhaustiva ni depura sus bases de datos.
Por ejemplo, una jovencita leonesa de nombre Miriam, de 15 años de edad, permanece en calidad de desaparecida en las bases de datos gubernamentales, actualizadas en enero de 2015.
Sin embargo, la menor ya fue localizada desde 2009.
La mamá explicó que Miriam tiene Trastorno de Bipolar y en una de sus crisis se fue de la casa.
Una vez que fue encontrada, entregaron un escrito a las autoridades para eliminarla de la lista de desaparecidas.
Pese a ello, el registro de Miriam sigue activo.
En una situación similar se encuentra Gema, una mujer de 28 años, que estuvo 15 días desaparecida.
Para la familia de esta mujer, haber acudido a las autoridades no rindió frutos, ya que fueron los vecinos quienes ayudaron a localizarla.
Gema padece de sus facultades mentales y fue encontrada trabajando como pepenadora en la colonia Jacinto López.
Una vez que la hallaron, lo reportaron a las autoridades, pero todavía permanece como desaparecida.
Incluso el año pasado, cuando se destapó el escándalo de “Mamá Rosa” en Michoacán, la familia recibió tres llamadas de las autoridades, porque había la posibilidad de que Gema estuviera entre las mujeres que estaban cautivas en el albergue.
“Lo sentí como una burla”, dijo una hermana de Gema.
“Mi hermana tenía tres años de haber regresado a su casa, incluso la señorita que llamó se carcajeó cuando le expliqué que ya estaba de regreso y había tenido dos niños”.
Buscan evitar más feminicidios
Ma. Isabel Llamas, directora de la Casa de la Mujer, consideró que con los protocolos de investigación en casos de feminicidio y desapariciones se sientan las bases para hacer justicia.
“Están sentadas las bases para hacer un buen trabajo, se cubren las expectativas”.
Dijo que durante este año se debe dar seguimiento a este protocolo y verificar los resultados de su aplicación.
“Hacer una revisión a conciencia para ver dónde se puede mejorar, saber que tan efectivos son”.
Para la Directora, este protocolo da claridad a las instituciones para saber qué se debe hacer para aplicar la ley, de parte de instituciones, sociedad y ministerios públicos.
“Es un gran avance”, insistió.
Antes el problema era que no se sabía cómo dar seguimiento. Ahora los funcionarios que no apliquen el protocolo, serán sancionados.
“Son una herramienta para inhibir el mal servicio, la mala atención, son una forma de evitar que más mujeres mueran”.
Un requisito básico es que haya un registro de una base de datos, y todas las mujeres que estén en riesgo feminicida puedan evitar ser asesinadas.
No es sólo la Procuraduría, son varias instancias las que deben trabajar en conjunto.
Hay carencias por parte de la autoridad, reconoció Llamas, pero están mejorando con capacitaciones y denuncias, cuando alguna institución no ofrece el servicio adecuado en cuanto a cobertura y servicio.
“Los protocolos son una herramienta para evaluar y exigir la atención que se requiere; que las instituciones tengan muy claro cuál es su quehacer y sus obligaciones”.
En cifras
Cifras de asesinatos de mujeres en 2014 en el estado:
45 Asesinatos dolosos de mujeres
20 Son investigadas como feminicidio.
Fuente: Procuraduría de Justicia de Guanajuato
Retrasan tres días búsquedas
En los protocolos de investigación que aplica a partir de este año la Procuraduría se llama a las desaparecidas como ‘Mujeres No Localizadas’.
Este término es despectivo, opinó Verónica Cruz Sánchez, directora de la Asociación Civil Las Libres.
“Estamos hablando de mujeres que arbitrariamente alguien las sustrajo de su hogar, tienen que decir desaparecidas, y las llaman ‘No localizadas’”.
Consideró que con el solo nombre de ‘No Localizadas’ se habla de un estigma las mujeres.
“Lo que a nosotras nos ha tocado ver es que en la mayoría de los casos la familia pone la denuncia y lo común que les dice la autoridad es: ‘Espérese 72 horas porque seguro se fue con el novio’. Hay un estigma”.
Cruz Sánchez subrayó en que no se debe generalizar.
“Las mujeres no todas se van con el novio, la autoridad no tienen por qué generalizar cuando recibe una denuncia de este tipo”.
Consideró que esperar 72 horas para iniciar una búsqueda, pone en peligro a la mujer desaparecida.
“En el momento de la denuncia se tiene que activar todo su mecanismo para buscarla, porque si no estás perdiendo tiempo en esas 72 horas; lo que estás perdiendo es su vida, en ese tiempo la pueden matar”, dijo.
“Esas primeras 72 horas son vitales, son tres días en donde la gente está desesperada. Para eso hay una autoridad, un estado, un dinero público. Se le puede salvar la vida”.
La autoridad está fallando, explicó, en ver con desprecio la vida de las mujeres, pensar que no vale la pena investigar.
“Ese es el problema serio de la autoridad, primero que no reconoce que hay un problema específico contra las mujeres, que incluye la desaparición”.
Insistió en que se debe llamar a los problemas por su nombre.
Un avance
Verónica Cruz consideró que el protocolo de investigación que se puso en marcha este año es un paso positivo, pero insistió en que se debe poner en práctica de inmediato y cambiar la actitud de la autoridad.
“Hay una situación donde las mujeres, están despareciendo, a las mujeres las están secuestrando, violentando. Tienes que hacer todo como autoridad para capacitar a tu gente, traducir estos protocolos para que en la vida real salgan y salven la vida de las mujeres”.
Consideró que si la Procuraduría carece de capacidad financiera, recursos humanos y especialización en materia de género, es porque el tema nunca le ha importado.
“Las autoridades deben estar capacitadas, estar al día. Si ahorita llega una denuncia por desaparición de una mujer, que se active todo y encontrarla. Pero no se hace, no hay un mecanismo de inteligencia”.
Más coordinación
Además, consideró que las dependencias involucradas deben trabajar de manera conjunta.
El problema de Guanajuato –añadió- es que no hay una política de género para detener la violencia; cada quién hace lo que puede y como lo entiende.
“La recomendación es hacer una política de estado, esto no le toca a la Procuraduría de Justicia, sino al Instituto de la Mujer. Estamos sin una política de género”.
Una denuncia debe estar vigente hasta que la mujer desaparecida sea encontrada.
“Conocemos muy pocos casos donde la denuncia continúe y el estado siga con la búsqueda; ésta se prolonga de uno a tres meses”.