Ordenar que las empresas conserven información de internet de sus usuarios es una violación a los derechos humanos y se puede prestar a abusos de autoridad, consideraron expertos y miembros de la industria.
Por ello, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería evitar el votar a favor de que los operadores conserven las direcciones IP (Internet Protocol) de sus usuarios, como viene contenido en el Anteproyecto de Lineamientos de Colaboración con la Seguridad y la Justicia.
El documento, elaborado por la Unidad de Política Regulatoria del Instituto, debería indicar el camino a seguir por las empresas en lo referente a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), sobre cooperación para el seguimiento de delitos.
Al respecto, Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), indicó que la industria ha expresado su rechazo a conservar las direcciones IP por no estar contemplada en la Ley y por ser poco factible en materia técnica.
Agustín Ríos, vicepresidente del Comité Legal de la Asociación Mexicana de Internet, comentó que el costo de guardar esos datos de todos los mexicanos por 2 años ascendería a 500 millones de dólares, mientras que el regulador les presentó un estimado de 5 mil 800 dólares.
“Ningún país sería capaz de albergar tal cantidad de datos. Y, si lo hacen, sería con un alto costo que repercutiría en el usuario final”, apuntó Ríos.
El diputado panista Juan Pablo Adame, miembro de la Comisión de Comunicaciones, comentó que nunca estuvo en la mesa de debate de la ley el incluir la dirección IP, además de que abriría la puerta a otras acciones, pues desde el Congreso no se estableció qué autoridades podrían exigir los datos.
“Si no hay límites, (las autoridades) pueden exigirles a los proveedores lo que quieran. Los límites los tiene que fijar el IFT”, señaló el legislador.
Sin embargo, en una carta enviada a Reforma, el IFT explicó que su Unidad de Política Regulatoria, liderada por Luis Lucatero, considera que la conservación de datos sería útil para prevenir, investigar y combatir delitos, aunque indica que no se ha propuesto la conservación de contenidos de Facebook, por ejemplo.
Da manga ancha Edomex
La Procuraduría de Justicia del Edomex dio manga ancha para ubicar teléfonos celulares y rutas de sus mensajes con el pretexto de la persecución de un delito.
El procurador Alejandro Gómez autorizó a 32 subalternos para requerir a las telefónicas la geolocalización en tiempo real de los aparatos, así como una amplia lista de datos sobre las comunicaciones de sus clientes que dichas empresas deben conservar.
El acuerdo fue publicado el pasado 13 de enero en el Diario Oficial de la Federación basándose en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que desde julio de 2014 permite a distintas autoridades acceder a múltiples datos de comunicaciones celulares sin orden judicial previa.