La iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI de reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios para eliminar indemnizaciones de fin de trienio y/o sexenio a funcionarios de confianza, no pasará.
Luego de la presentación de los argumentos de los representantes de PRI, Verde, PAN, y del Gobierno del Estado, el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Oscar Arroyo Delgado, ordenó que se elabore el dictamen de la iniciativa en sentido negativo para ser sometida a votación en la siguiente reunión de la Comisión en la que el PAN es mayoría.
La iniciativa del PRI proponía eliminar el párrafo dos del artículo 8 que a la letra dice: “Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios, mediante disposiciones de carácter general, podrán establecer una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral, cuyo importe en ningún caso podrá ser superior al equivalente a tres meses de salario más doce días de salario por cada uno de los años de servicio prestados”.
“La iniciativa (de reforma) transgrede en parte los derechos laborales de los empleados de confianza, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los organismos autónomos y de los 46 municipios, es la razón por la que no estamos de acuerdo y estamos proponiendo que el dictamen que se analizará en la siguiente reunión de la Comisión sea en sentido negativo”, dijo el legislador, entrevistado luego de la mesa de trabajo.
En la reunión el panista agregó que la ley no obliga a dar los tres meses y 12 días por año al liquidar, por lo que cada organismo público debe de sujetarse a su suficiencia presupuestal.
El diputado local del PRI, Luis Felipe Luna Obregón, señaló en la reunión que cada inicio de un nuevo gobierno se enfrenta el problema de que quedó personal de primer nivel sin liquidar y eso pone en aprietos a las finanzas de las administraciones que apenas inician.
“Y deben decidir entre invertir a programas sociales o al pago de indemnizaciones”, dijo.
El legislador del Verde, Sergio Contreras Guerrero, coincidió con el priísta sobre el problema de que administraciones van y vienen y se gasta mucho en liquidaciones en particular de los funcionarios de primer nivel quienes ya saben que van por un periodo determinado.
Por eso pidió aprovechar el debate para de una vez definir con precisión lo que son los trabajadores de confianza y acotar esta prohibición de bonos para los directores generales.
“Hacer una reforma que pueda cerrar la llave a los excesos que se han dado”, pidió.
La subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno en el Estado, María Libia Gómez Padilla, opinó que hay que considerar al reformar este tema el principio de estabilidad en el empleo que es relativa en los trabajadores de confianza y no caer en injusticias pues muchos pueden llegar a esos cargos por méritos en su trayectoria pública.
En la mesa de trabajo estuvieron los diputados panistas Óscar Arroyo Delgado (presidente de la Comisión), Martín López Camacho y Alfonso Ruíz Chico, el priísta Luis Felipe Luna Obregón, del Verde Sergio Contreras Guerrero, así como representantes del Gobierno del Estado.
Derrochan millonadas
En el 2012 en León se erogaron más de 60 millones para liquidar a 1,200 funcionarios que ocupaban plazas de confianza.
En el Gobierno del Estado se gastaron 57 millones en 2006 y otros 49.6 millones en el 2012.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el PRI el 13 de noviembre del 2014 para eliminar las indemnizaciones a personal de confianza, se argumenta el alto costo de los bonos de fin de periodo para los funcionarios de altos rangos y cita como ejemplo el decreto del ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, que habría beneficiado a 174 empleados con un gasto de más de 57 millones de pesos.
Añade que en León se calculó cubrir el abandono de 1,200 plazas de funcionarios de confianza con un gasto de más de 60 millones.
En medios se publicó que en 2012 el Gobierno del Estado erogó casi 50 millones para liquidar a 131 funcionarios despedidos al inicio de la administración de Miguel Márquez.
El 22 de agosto de 2006 el Periódico Oficial del Gobierno del Estado publicó el Decreto Gubernativo 278, del entonces gobernador Romero Hicks, que otorgaba una prestación adicional a los servidores públicos que tenían que separarse con el cambio de gobierno.
Se estableció otorgarla a los servidores públicos de los niveles 12 al 21. Y para quienes tenían una antigüedad igual o mayor a 5 años de servicio el monto consistiría en el equivalente de tres meses de salario y 12 días por cada año de servicio, el resto según antigüedad.
La opinión pública consideró el asunto escandaloso, pero el ejemplo comenzó a replicarse en los diferentes Ayuntamientos, lo que obligó a que de manera exprés se hiciera una reforma en la 59 Legislatura a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, en su artículo 8, añadiendo un párrafo para que se precisarán los alcances de la prestación.
El 29 de agosto del 2009 se publicó la reforma de ley, mas “lo que tuvo la pretensión de los legisladores de frenar actos como el del gobernador Romero Hicks, abrió a la institucionalización de una prestación indebida a favor de altos funcionarios”, consideró el PRI.
Delegada desconoce moches
La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Guanajuato, Claudia Navarrete Aldaco, dijo que no ha recibido ninguna queja sobre presuntos moches en Liconsa a ganaderos de la entidad.
“Ningún ganadero se acercó conmigo, ningún ciudadano, y eso que ando en todo el estado y llegué a desahogar reuniones de trabajo con gente que abastece de leche a Liconsa y nunca detecté ni me hicieron del conocimiento”, apuntó ayer.
Esto luego de que el gobernador Miguel Márquez Márquez acusara el viernes pasado de que se les pedía moche a los productores de leche.
La funcionaria federal responsable del sector social en Guanajuato aseguró que los servicios y el número de beneficiarios a través de Liconsa no sufrirá alguna afectación por la separación del coordinador estatal de los centros de acopio, Víctor Morán, y las investigaciones sobre este tema.
“Los reportes que tengo por parte del Delegado es que no se está perjudicando en ningún momento el abasto que le da a su padrón activo, el tema que tiene qué ver con la cuestión jurídica le corresponde a la autoridad competente y al Delegado de Liconsa darle seguimiento”, agregó.
En cuanto a los recortes al presupuesto federal, Navarrete aseguró que no habrá afectaciones a los programas que opera Sedesol en Guanajuato, cuyo monto será muy similar al ejercido en 2014.