El sistema anticorrupción que presumiblemente desahogará la Cámara de Diputados antes del 30 de abril tendrá un apartado para atacar casos de conflicto de interés, adelantó el coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
“Necesariamente habremos de legislar una definición específica sobre conflicto de interés. No habrá excepción alguna que deba pasarse por alto”, dijo.
En ese sentido, el diputado sonorense informó que en el periodo ordinario revisarán y aprobarán el sistema nacional de integralidad, lo que los panistas han llamado sistema nacional anticorrupción.
“Daremos ruta a ese sistema”, prometió Beltrones. “Es lo que nos permitirá tener un objetivo de construir las nuevas instituciones que combatan la corrupción en México”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que con el sistema nacional de integralidad se pretende darle más facultades a la Función Pública “para poder sancionar todas las desviaciones administrativas”.
Por separado, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, demandó que el Sistema Nacional Anticorrupción incluya la declaración de intereses; sobre todo la sanción.
“No basta con la declaración del conflicto de interés. Lo que debe de haber son sanciones cuando exista conflicto de interés y esto implica controles externos con los que hoy no tenemos en nuestro País”, agregó.
Atoran en Senado a fiscal
El Senado acordó reponer el procedimiento para elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política determinaron que volverán a lanzar la convocatoria con la finalidad de que se puedan inscribir interesados con nuevos perfiles.
Los legisladores confirmaron que ninguno de los aspirantes que participaron en la ronda de comparecencias realizada en 2014 cumple con el perfil buscado por los legisladores.
Desde diciembre, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, reconoció que los aspirantes que se presentaron no convencieron.
“Los mismos participantes no tenían claro en qué iba a consistir el sistema de combate a la corrupción y eso inhibió la participación de algunos candidatos.
“Es verdad que ese procedimiento porque tampoco hay claridad sobre lo que se está buscando. Muchos coincidimos en que nos gustaría ver a alguien con gran autoridad moral”, indicó.
El presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa, reconoció que ninguno de los 33 aspirantes que comparecieron ante las comisiones generó el consenso necesario.
“No hubo acuerdos para tomar una definición y podríamos abrir la convocatoria nuevamente para reponer ese procedimiento, porque dentro de las personas que se registraron no hubo acuerdo”, dijo en entrevista.
SFP buscará combatir ejercicio indebido
La Secretaría de la Función Pública (SFP) cerrará el espacio al ejercicio indebido del servicio público y promoverá el Gobierno eficaz, legal y transparente, prometió ayer Virgilio Andrade, nuevo titular de la dependencia.
“En esta ocasión, tenemos encargos específicos del señor Presidente de la República para poder continuar con la labor que tradicionalmente ha hecho esta Secretaría para cerrar los espacios al ejercicio indebido a la labor pública por parte de los servidores.
“Al mismo tiempo, impulsar los ejes principales que destacan a esta Secretaría: el Gobierno eficaz, el Gobierno con legalidad y desde luego, el Gobierno transparente”, señaló al tomar posesión de su cargo en presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El funcionario reconoció la labor del subsecretario Julián Olivas Ugalde, quien durante más de dos años se encargó del despacho de la dependencia.
“Todos sabemos del enorme prestigio que tiene en las área de control y de fiscalización del Gobierno federal, y prueba de ello es que la Secretaría de la Función Pública se mantiene vigorosa y estable aportándole al Gobierno federal las funciones para que el buen desempeño diario se refleje en resultados”, indicó Andrade.
Olivas Ugalde señaló que durante el tiempo que estuvo encargado del despacho, la SFP cumplió con sus objetivos.
Como prueba, señaló que se logró recuperar 8 mil millones de pesos que habían sido mal aplicados del gasto público y el año pasado se sancionó a 13 mil servidores públicos que incurrieron en diversas irregularidades.