El Gobierno mexicano cerró sus audiencias ante el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas sin reconocer el contexto de impunidad, violencia y abuso de poder en el que tienen lugar estos crímenes en el País.
En su encuentro con los expertos de la ONU, tampoco pudo presentar información concreta sobre el número de personas registradas como víctimas de desaparición forzada, ni se comprometió a aceptar en el futuro la competencia del comité para que pueda atender comunicaciones de casos individuales.
Esos fueron algunos de los grandes temas eludidos por el Gobierno mexicano durante su primera aparición en Ginebra ante al grupo de expertos, el cual emitirá sus observaciones el próximo 13 de febrero.
En un análisis sobre la sesión, Amnistía Internacional (AI) sostiene que los expertos lograron evidenciar las graves fallas cometidas por el Estado para dar respuesta a la crisis de desaparición forzada, tanto en el ámbito legislativo, como en la investigación y reparación del daño.
“En estos días quedó evidente la falta de un marco legislativo adecuado para atender el problema de la desaparición forzada, pese a que el Estado dijo que está impulsando una ley de desaparición forzada, sobre la cual sólo generó más incógnitas”, dijo Daniel Joloy, investigador de AI.
En cuanto al tema de atención a víctimas, el activista resaltó la incapacidad del Estado por demostrar que hay un trato adecuado y respetuoso para garantizar una reparación integral que vaya más allá de la compensación económica.
La abogada Ximena Suárez, de la Open Society Justice Initiative, hizo un diagnóstico similar de la sesión de dos días.
“El Estado sigue sin reconocer el contexto en el que tienen lugar las desapariciones forzadas en México, quién desaparece y por qué, y ése sigue siendo uno de los grandes pendientes para resolver la problemática de fondo”, dijo Suárez.
En la segunda y última ronda de la auditoría, los expertos lanzaron cuestionamientos sobre los procedimientos para la reparación de daños, informar a los familiares de la detención de una persona y procesar a militares involucrados en delitos.
También cuestionaron el sistema de detención preventiva conocido como arraigo, los limitados resultados en la reparación de los daños de las víctimas de la llamada Guerra Sucia y qué se está haciendo con los restos de fosas que se descubren semana tras semana en Iguala.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo en sus observaciones finales que la interacción con los organismos internacionales tiene efectos positivos en la agenda nacional y espera que las conclusiones del comité contribuyan a mejorar las normas nacionales.
Crimen de Iguala, repugnante.- EU
La agresión a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala es uno de los crímenes más repugnantes en la historia de la humanidad.
Así lo consideró William Brownfield, subsecretario para Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Sin embargo, consideró que en retrospectiva, a poco más de siete años de que se aplica la Iniciativa Mérida, se han obtenido resultados positivos en materia de seguridad, aunque siguen existiendo problemas graves.
“(La imagen que tenemos de los últimos siete años) presenta evidencias de tasas de homicidios reducidas, de menos delincuencia en las comunidades, de más colaboración, de instituciones y policías más profesionales, más capaces y más transparentes, entonces el mensaje es positivo.
“No quiero minimizar uno de los crímenes más repugnantes y repulsivos en la historia de la raza humana, el asesinato masivo en Iguala sin duda alguna merece el repudio de toda la raza humana civilizada en este planeta”, comentó en teleconferencia desde Washington.
Advirtió también que hay comunidades específicas donde ha empeorado la inseguridad y que se necesitarán décadas para que estos problemas en la región puedan ser solucionadas.
“En este momento, no solamente en México, en toda América Central, se puede apuntar a comunidades individuales donde el problema no solamente no ha mejorado, sino que se ha empeorado en los últimos años”, dijo.
Esto, explicó, debido a organizaciones criminales que se aprovechan por razone socioeconómicas y geográficas de las comunidades.
En este sentido, agregó que desde hace tres años la Iniciativa Mérida se ha enfocado a pasar de una colaboración entre los Gobiernos federales y nacionales de México y Estados Unidos a una coordinación al nivel estatal o municipal entre ambas naciones.
“Porque la conclusión de ambos gobiernos es que para tener impacto en una República federal como México o Estados Unidos, donde 90 por ciento de la criminalidad se hace a nivel de estado o municipal, es necesaria una colaboración directa a ese nivel”, señaló.
Reclaman familiares se haga justicia
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio la razón a las familias de personas desaparecidas, incluyendo a los padres de los 43 normalistas, al reconocer que en México es una violación generalizada, plantearon ayer representantes de organizaciones civiles.
“No se trata de violaciones aisladas. Hay un vínculo entre el pasado y el presente porque la impunidad en los delitos del pasado dan como resultado las desapariciones de hoy en día”, expuso Denise González del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional de esta organización y quien estuvo presente durante el informe de México ante el Comité, destacó que la sesión fue presenciada por familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Chihuahua y Coahuila, quienes acudieron a esta instancia internacional para exigir la presencia con vida de sus familiares y ante la falta de respuesta del estado mexicano.
En su encuentro, los familiares le solicitaron al Comité su intervención mediante la figura de un relator para impulsar avances concretos en los casos de desaparición forzada que se registran en el País, apuntó.
Respecto al caso de los 43 normalistas, consideró que la delegación mexicana no asumió una postura clara pues aunque reconoció que es un caso grave, se reiteró ante el Comité que la investigación está concluida.