Las máquinas no pararon en la fábrica de calcetines coreana, en Zapopan, donde rescataron a seis menores víctimas de explotación laboral.
Pese a las condiciones en las que opera, ni el Instituto Nacional de Migración, las secretarías del Trabajo federal y estatal o la Fiscalía clausuraron el taller de la avenida Mariano Otero.
Ardelio Vargas, comisionado del INM, informó que rescataron a 129 obreros que eran maltratados y abusados por sus empleadores, pero no anunciaron si recibirán apoyos por quedar desempleados.
Por su parte, el fiscal Luis Nájera reportó que tienen bajo investigación a cuatro coreanos por los delitos de trata, maltrato infantil y delitos contra la integridad sexual, además de que su estancia en el País no era legal.
Reforma visitó ayer las instalaciones de Yes Internacional, S.A. de C.V., y más de 50 empleados realizaban sus labores cotidianas.
Durante el recorrido se pudo observar que dos camionetas eran cargadas con bultos de calcetines, mientras los empleados entraban y salían por la estrecha puerta de metal y una columna de vapor se veía salir del taller.
Luego del operativo, la Secretaría del Trabajo aseguró que se cerrarían las actividades de la empresa, la cual ya había sido inspeccionada el año pasado.
De acuerdo con trabajadores, más de 200 personas que laboraban en tres turnos de ocho horas, ya se habían acostumbrado a las condiciones, como trabajar sin cubrebocas o guantes, y preferían no decir nada para no perder su empleo.
En el sitio se encontraba un asiático que fue identificado por los trabajadores como el dueño del negocio y señalaron que otra socia se encontraba de viaje.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo reportó que las víctimas tenían sólo contratos verbales, no estaban afiliados al IMSS y tenían jornadas superiores a las que indica la ley, todo por una paga de 600 pesos semanales.
La empresa tampoco acreditó el pago de horas extra, aguinaldo, vacaciones y utilidades.
La principal molestia de los obreros es que no les daban tiempo para tomar los alimentos o sólo les autorizaban 15 minutos, pero tenían que reponerlos al final de su jornada.
Los menores fueron puestos bajo custodia de los padres. La Fiscalía de Derechos Humanos y el DIF estatal verifica la situación del entorno familiar.