Un ex ejecutivo de la petrolera estatal brasileña declaró el martes a un panel del Congreso que comenzó a aceptar sobornos de algunas de las mayores firmas de construcción del país hace 18 años.
Según fiscales federales, el ardid involucraba el pago de por lo menos 800 millones de dólares en sobornos y otros fondos por parte de grandes compañías de construcción e ingeniería a cambio de contratos inflados con Petrobras. Los fiscales han dicho que parte de ese dinero fue transferido al gobernante Partido de los Trabajadores y otras organizaciones políticas importantes para campañas políticas.
En una sesión trasmitida por la red de televisión Globo, Pedro Barusco dijo a los legisladores que, como parte de una negociación de cargos con los fiscales, acordó repatriar unos 100 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en el extranjero.
Barusco, el primer testigo en ser interrogado por el panel, dijo que él y otros ejecutivos de Petrobras tomaron la iniciativa de acercarse a las compañías para solicitar sobornos en 1997.
Pero para 2003 “esa práctica se había hecho más extensa y se había institucionalizado”, agregó.
Barusco añadió que el Partido de los Trabajadores recibió el doble que él en pagos ilegales, “lo que me hace calcular que entre 150 millones y 200 millones de dólares fueron a parar” a ese partido.
La semana pasada la Corte Suprema de Brasil decidió que 54 políticos destacados sean investigados por supuestos vínculos con los sobornos.
Según la ley brasileña, la Corte Suprema tiene que aprobar cualquier investigación a legisladores o altos funcionarios del poder ejecutivo. Cualquier cargo penal o juicio a esas figuras debe ser aprobado y juzgado por el alto tribunal.
Participantes en el mercado negro de divisas que llegaron a un acuerdo con los fiscales han dicho que ayudaron a mover el dinero junto con altos ex ejecutivos de Petrobras, quienes reconocieron haber cobrado cientos de millones en sobornos.
Entre las personalidades que serán investigadas están el ex presidente y actual senador Fernando Collor de Mello, quien fue obligado a dimitir por un escándalo de corrupción en 1992.
Serán investigados también el líder del Senado, Renan Calheiros, y Eduardo Cunha, presidente de la cámara baja. Los dos son miembros del poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que pertenece a la coalición de gobierno.

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