Acortar tiempos, incrementar el rigor, acompañar a municipios y hacer uso de la tecnología contempla la nueva Ley de Fiscalización Superior para el Estado presentada ayer ante el pleno del Congreso.
En rueda de prensa previa a su presentación, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización explicaron las modificaciones que tendrá la Constitución Política del Estado, la integración de la nueva Ley de Fiscalización y las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
La nueva ley contempla en primer lugar que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) lleve por nombre Auditoria Superior de Guanajuato.
Actualmente la ley tiene doce años en vigor y se le han realizado tres modificaciones, por lo que los legisladores consideraron la urgencia de actualizarla.
“Al presentarse éstas reformas van a fortalecer procesos de fiscalización, el seguimiento de responsabilidad, la transparencia del propio ente fiscal”, comentó el presidente de la comisión Alfonso Ruíz Chico.
A partir de 2016 las auditorias serán simultáneas: una vez que se comience a ejercer el gasto, la fiscalización irá a la par.
“Acompañando de manera oportuna al objeto fiscalizable en el momento en que ejerce el gasto, a veces cuando llegamos a posterioridad nos lleva a estar constatando irregularidades, queremos ser más corresponsables con el ejecutor del gasto, ésta es una de las innovaciones”, explicó el auditor general Javier Pérez Salazar.
La Auditoría tendrá un alcance mínimo del 30% del recurso de los municipios para auditar, pero si el mismo amerita ser fiscalizado en un porcentaje más alto se llevará a cabo.
“Una auditoria no tiene como propósito auditar el 100%, es en base a muestras y lo que hacemos es establecer solo como mínimo, como máximo habrá en todo caso auditorías que se puedan hacer en un 50 o en un 60%. Escudo se hizo casi al 100%”, detalló Pérez Salazar.
El órgano por ley está obligado a terminar todo el proceso de auditoría en un año, tiempo que será ahora reducido a seis meses.
Esto se logrará, según comentó el auditor, a través de herramientas tecnológicas; cuenta pública entregada vía correo, así como también la notificación, que implica incluso reducir gastos de correspondencia.
Otra obligación será la entrega de la auditoria de informes trimestrales financieros.
En el tema de las Responsabilidades Administrativas para el estado y sus municipios, únicamente establece la “reincidencia”, es decir que si el funcionario público vuelve a cometer alguna anomalía será sancionado con el doble de tiempo de inhabilitación.
El próximo martes, el todavía Órgano de Fiscalización arrancará el programa “Auditor en línea”, como un servicio de asesoría para los municipios en el tema del ejercicio de gastos.
Impunidadgarantizada
AM ha documentado como los órganos de supervisión de Guanajuato han fallado en su tarea de prevenir y sancionar a los funcionarios que cometen irregularidades.
En un reportaje publicado el 29 de diciembre de 2014, reveló que la Secretaría de la Transparencia había detectado durante el año desvío por 346 millones 376 mil pesos.
Pero hasta ese día solamente había sido sancionado uno de los funcionarios involucrados en las anomalías.
En las auditorías practicadas durante el año, se habían detectado irregularidades en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Educación, Salud, Finanzas, Gobierno, Obra Pública, Seguridad y Turismo, así como el DIF Estatal.
En otro trabajo, publicado el 7 de julio, se informó cómo la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) ocultaba las causas por las que son sancionados o inhabilitados los funcionarios estatales.
Pero además, mediante decenas de solicitudes a la UAIP, descubrió que de 1 mil 511 sanciones aplicadas entre 2007 y 2014, solamente se produjeron 47 inhabilitaciones.
Plantea el PRI juicio político
El Grupo Parlamentario del PRI propuso practicar el Juicio Político para que anomalías de funcionarios no queden sin castigo.
En tribuna el diputado Adrián Camacho Trejo Luna expuso que Guanajuato es el único estado que no lleva a cabo este proceso, dejando a funcionarios de primer nivel sin suspensión.
“No se contempla en nuestro estado un mecanismo para que los más altos servidores públicos puedan ser sujetos a una responsabilidad política,el juicio es para fincar responsabilidad política, sancionar con destitución e inhabilitación a funcionarios que haya incurrido en arbitrariedad,abuso de poder”, explicó en tribuna el legislador del PRI.
De acuerdo al grupo parlamentario el juicio político contempla que una vez que exista una denuncia contra un funcionario sea analizada por la Comisión de Responsabilidades y posteriormente se analice por el Pleno del Congreso Local, por un Jurado de Sentencia.
“Una vez que lo tiene el Pleno aprueba una sentencia o una responsabilidad política en Guanajuato lo hemos visto , los ayuntamiento, los miembros del gabinete no tienen esta responsabilidad política, se provee y se pueda sancionar o destituir al funcionario producto de este juicio resulte responsable y si es el caso se le pueda inhabilitar de 6 a 12 años”, detalló el priista en entrevista.
El juicio político también contempla que el denunciado tenga un plazo para ofrecer pruebas en su defensa.
El juicio se realizaría aun cuando el funcionario se encuentre desempeñando su cargo.