A través de un incidente de revisión administrativo número 257/2014 del cual obtuvieron la suspensión definitiva, transportistas exigen al Gobierno Municipal les entregue el título de concesión al que se hicieron acreedores hace más de 10 años y que nunca recibieron.
La suspensión definitiva es vigente en tanto no se resuelva el juicio de amparo 951/2014-111.
Las empresas que obtuvieron el acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Decimosexto circuito el pasado 19 de febrero son Autobuses de San Miguel Octopan, Microbuses Puerta de Oro del Bajío, Auto Diamante.
“La suspensión definitiva nos la otorgó el tribunal colegiado de circuito el 19 de febrero de este año, yo personalmente se la notifiqué a todas las autoridades, al Secretario del Ayuntamiento, al Ayuntamiento, al regidor Pérez Quiroga y al director de Transporte y Vialidad, con independencia que tienen un domicilio y están plenamente apersonados dentro del juicio”, explicó Arturo Tamayo Hernández, abogado de las empresas.
“Al obtener esta resolución al concedernos la suspensión definitiva, le ordenan a la autoridad que mantenga las cosas en el estado que guardan, es decir, que en cuanto al acto que reclamamos sobre las concesiones, ellos tienen que otorgarnos las concesiones para efectos de que nosotros podamos hacer los trámites respecto a las exigencias de la autoridad y cumplir con la normatividad, con lo cual estamos dispuestos a cumplir”, abundó.
El abogado aclaró que les dieron la razón porque es ilógico que la autoridad les exija trámites de los que depende cuenten con el título de concesión, el cual en casi 12 años nunca se los entregaron, a pesar de que en el Diario Oficial del Estado publicaron su otorgamiento.
“Pero la autoridad, al exigirnos una serie de elementos que no contamos por la falta de títulos concesión, no podemos dar cumplimiento, entonces en tanto no se resuelva esta situación, las cosas deben mantenerse en el estado que guardan”.
Tamayo dijo que además de notificar a las autoridades, los choferes de los camiones cuentan con una copia certificada de la resolución y que en caso de realizar operativos y detener camiones, las autoridades estarían incurriendo en un “abuso de autoridad”, por incumplir una sentencia judicial.
También denunció que el Secretario del Ayuntamiento, David Orozco, se ha negado a autorizar que la empresa NRTec surta la tecnología a los camiones.
“Nosotros no podemos contratar porque no tenemos una certeza jurídica y el hecho de que ellos nos cambien a prestadores de servicio y firmemos un acuerdo de voluntades, como ellos lo expresan en su acuerdo de voluntades del 3 de septiembre, nos cambia completamente y con ese acuerdo renunciamos a todas las situaciones que el Ayuntamiento está obligado a cumplir”.

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