Sin denuncias penales, civiles y sin conclusiones de varias auditorías, fueron las respuestas de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Isabel Tinoco Torres, durante la comparecencia ante diputados locales.
Luego de más de hora y media de preguntas y respuestas, el diputado del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, reprobó el trabajo realizado por esta área.
“Seguimos sin respuesta, el trabajo de la Secretaría es reprobatorio, no hubo respuesta alguna a ninguna de las preguntas que realizamos sobre los procedimientos, ya veníamos platicando el costo de la transparencia en relación a los resultados, a las sanciones en el combate a la corrupción es nulo”, opinó.
Durante el proceso de preguntas los Grupos Parlamentarios del PRI y Verde cuestionaron los resultados de esta dependencia.
El diputado del PRI, Luis Felipe Luna Obregón, fue insistente al preguntar el resultado de los trabajos de auditoría al cierre del año pasado y cuántas de ellas tuvieron alguna sanción.
De acuerdo a la información de Transparencia se comenzaron 300 auditorías de las cuales 111 iniciaron un proceso jurídico, ocho de ellas sin sanción y 103 que están a las espera de iniciar procedimiento.
Aunque los diputados criticaron los números, Tinoco Torres explicó que el proceso de auditorías no siempre es sancionador.
“No significa que las 300 auditorías que se aplican durante el año tengan que salir con resultados en una resolución, el mismo procedimiento de responsabilidades me da la pauta para que se presenten pruebas, alegatos, lo que nos permite esperar a la ejecutoria, esto quiere decir hasta que el proceso llegue a la última instancia, independientemente de esto si localizamos alguna irregularidad aquí no tengan la menor duda que será sancionado”, explicó la funcionaria, sin convencer a la oposición.
Pero además el priísta Adrián Camacho Trejo Luna pidió conocer el número de procedimientos penales y civiles iniciados por irregularidades en la función pública. De los cuales sólo hubo una denuncia penal a una persona del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato por cometer fraude al firmar una tarjeta a beneficio de otra.
La titular de Transparencia explicó que de los procesos civiles le toca al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentar las denuncias, mientras que las penales deben ser interpuestas por la dependencia afectada.
Avala empresas de medicamentos
La Secretaría de Transparencia avaló a las empresas de abastecimiento de medicamentos del Seguro Popular al mencionar que el servicio ha sido satisfactorio.
“En el tema del desabasto no hay sanción, estamos actualmente en el porcentaje óptimo de entrega. Las empresas han tenido buenos resultados de surtimiento en las encuestas de Seguro Popular, con un surtimiento de 96.87 %”, anotó.
Urgen revise asignaciones directas
Al menos 289 contratos realizados el año pasado por el Gobierno del Estado superaron el tope que permite sean adjudicados de forma directa, acusó el diputado local del Verde, Sergio Contreras Guerrero.
El PVEM señaló que esta dependencia no sancionó a ningún funcionario pese a la violación de la ley y el presupuesto. Esto durante la Glosa del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal realizada ayer durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Transparencia, Isabel Tinoco Torres.
“Dentro del Portal de Transparencia aparece que se han hecho una cantidad de 868 contratos de Obra Pública, que 289 contratos son de más de un millón por lo cual nos parece violatorio”, cuestionó Contreras.
Tinoco Torres argumentó la modificación en los topes antes y después del mes de noviembre del año pasado. El primero antes de este mes permitía adjudicar directamente mientras que los montos fueran de 0 a un millón 861 mil pesos . El segundo posterior a noviembre fue de 0 a un millón 65 mil pesos.
“Para las obras de seguridad se permite adjudicar de manera directa, para el caso de que la licitación se declare desierta, también. Se aclara que los 289 de los 580 de forma directa corresponde a contratos anteriores a noviembre, los cambios en los rangos obedecen al cambio especial”, respondió Tinoco.
Pese a esto el diputado insistió en que de acuerdo a un estudio realizado por el PVEM del Portal de Transparencia, los contratos rebasan el millón 800 mil y no son temas de seguridad o casos especiales.
“En el caso de Obra Pública se asignaron 491 millones, infraestructura educativa 238 millones y la Comisión de Agua 33 millones, son temas que no obedecen a ningún criterio especial, ésta es la parte que nos gustaría que nos pudieran dar los elementos para quedarnos con la clara apreciación que Transparencia no está en el conocimiento de alguna violación de ley y que no actuó para fincar responsabilidad por haber signado contratos violentando el marco jurídico”, finalizó el Diputado.