Un grupo nacional de compañías farmacéuticas ha adoptado la política de desalentar que sus miembros suministren los fármacos utilizados en las ejecuciones con inyección letal.
La nueva política de la Asociación de Farmacéuticas de Estados Unidos podría acarrear dificultades a los estados donde se aplica la pena de muerte, como Texas, que consideran encargar la fabricación de las sustancias a laboratorios especializados debido a la escasez de las sustancias para ejecuciones.
El organismo rector de la asociación aprobó el lunes la política durante una reunión en San Diego.
El grupo carece de las facultades legales para prohibir a los laboratorios de fórmulas magistrales que vendan los compuestos para las ejecuciones.
No obstante, sus políticas fijan las normas éticas que observan los boticarios, tal como hace la Asociación Médica de Estados Unidos con los doctores.
En los últimos años, los departamentos de prisiones han tenido que encargar a las compañías farmacéuticas de fórmulas magistrales las sustancias que se utilizarán en ejecuciones.
Esta situación se debe a que las farmacéuticas a las que les compraban las sustancias se han rehusado a vender los fármacos para las inyecciones letales debido a presiones de opositores a la pena de muerte.

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