Aristegui y el escrutinio a la libertad de prensa

Cuando este mes despidieron abruptamente a Carmen Aristegui, la personalidad más famosa de la radio en México, nadie esperaba que fuera discretamente. Sin embargo, el enojo por su destitución ha ido en aumento constante, y ha elevado la presión en la atmósfera, políticamente cargada, de este país.
Las teorías de la conspiración han abundado desde que la disputa entre Aristegui y su empleador, MVS Comunicaciones, terminó en su partida. Ella se ha convertido en un emblema de la libertad de prensa bajo sitio, y los medios sociales se han encendido con demandas para que retorne a la radio.
Hasta sus críticos, que señalan una falta de rigor informativo en muchos de sus reportajes, argumentan que, con su despido, se quitó a una de los pocos periodistas radiofónicos que cuestionan abiertamente a la autoridad. Muchos periodistas sostienen que el caso de Aristegui es parte de un intento más amplio del gobierno para mantener a raya las coberturas noticiosas agresivas.
“Hoy, tenemos una radio que es menos plural de lo que era hace dos semanas”, notó Raúl Trejo, un experto en medios, en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Yo he sido muy crítico. Pero creo que su voz es muy saludable para la sociedad mexicana”.
Aristegui encabeza a un equipo de 17 reporteros que descubrieron la existencia de una mansión en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, hecha al gusto de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, por una compañía que ha obtenido cientos de millones de dólares en contratos del gobierno.
La salida de Aristegui “silencia una voz”, dijo Ricardo Raphael, un escritor que coordina el programa de periodismo en el CIDE, una universidad en la Ciudad de México. “Nosotros, los periodistas, recibimos el mensaje. El gobierno no tiene en alta estima al periodismo de investigación, y mucho menos si se usa para investigar los conflictos de interés entre el círculo interno y las compañías privadas”.
El reportaje del equipo de Aristegui sobre la mansión, el cual se presentó en noviembre, abrió un debate nacional sobre la corrupción y los conflictos de interés, y ayudó a fortalecer la legislación anticorrupción en la que se estaba trabajando en el Congreso. El reportaje también puso al gobierno de Peña Nieto todavía más a la defensiva; mismo que ya se tambaleaba de cara al enojo popular por la desaparición de 43 estudiantes universitarios rurales en septiembre, supuestamente a manos de una banda de narcotraficantes y un alcalde corrupto.
La popularidad y la credibilidad del presidente se han desplomado desde entonces, según las encuestas de opinión.
Durante décadas, el partido de Peña Nieto, el Revolucionario Institucional, o PRI, se aseguró de tener medios informativos manejables por medio de una combinación de sobornos y amenazas. Las emisoras y los grupos editoriales sabían que la cobertura que pudiera disgustar al gobierno podría amenazar a una valiosa concesión, interrumpir la entrega de suministros para la prensa impresa, generar auditorías fiscales o costarles la publicidad gubernamental.
Después de que el PRI perdió el poder en el 2000, los medios informativos de México se volvieron más independientes. Sin embargo, argumentan los analistas, con Peña Nieto, el gobierno ha estado tratando de restaurar parte de las viejas formas de control, usando su publicidad y su autoridad sobre las concesiones para las transmisiones.
En un informe del año pasado, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias concluye que este tipo de “censura suave” ha sido “una parte integral del complicado panorama mediático del país”. Los investigadores añadieron que era “un medio para influir o incluso una herramienta para chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas”. El efecto, dicen muchos analistas, es debilitar la cobertura informativa crítica. “Hoy, los escándalos inmobiliarios de la familia presidencial y de su círculo inmediato están relegados a las páginas interiores, siempre enmarcados en la versión oficial”, dijo Jesús Silva-Herzog Márquez, un analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, escribió en el periódico Reforma.
Fuera de la capital, la situación es peor. Los periodistas enfrentan represalias del crimen organizado y de funcionarios locales, la violencia que ha hecho de México uno de los sitios más peligrosos del mundo para ser un periodista, según el Comité para Proteger a los Periodistas con sede en Nueva York.
En el informe que dio a conocer la semana pasada Artículo 19, un organismo protector para los medios, con sede en Londres, se dice que se acosa, amenaza o ataca a un reportero casi a diario, en alguna parte de México. La frecuencia ha aumentado en el gobierno de Peña Nieto, dijeron, y casi la mitad de los ataques se han rastreado a funcionarios gubernamentales.
Aristegui, en una conversación con periodistas extranjeros, dijo que si se puede atacar a los periodistas privilegiados como los de su equipo, “imaginen el nivel de vulnerabilidad para otros periodistas en México”.
Si bien no hay evidencia de que a Aristegui la hayan despedido por el reportaje sobre la casa de Rivera, se ha reforzado la percepción de que alguien en el gobierno federal tuvo algo que ver en presionar a MVS. La empresa dice que su desacuerdo con Aristegui es un problema interno.
El motivo que mencionó MVS fue la participación de la periodista, junto con varios de los reporteros en el equipo de investigación, en un nuevo sitio web llamado Méxicoleaks, diseñado para animar a los delatores a denunciar, y les garantizan el anonimato.
Raphael dijo que ven con alarma a Méxicoleaks porque sus investigaciones podrían descubrir conflictos de interés adicionales. Los otros colaboradores del sitio son revistas y periódicos en línea que tienen un número limitado de lectores. Sin embargo, la gran audiencia de Aristegui habría hecho que las investigaciones de Méxicoleaks fueran noticias nacionales.
“Van tras Carmen porque ella habría sido su voz principal”, dijo Raphael.
MVS objetó el uso de su nombre en Méxicoleaks sin su permiso, despidió a los dos principales reporteros de investigación y emitió una lista de lineamientos editoriales. Uno de ellos hace que toda cobertura informativa esté sujeta a evaluaciones periódicas por parte de “empresas especializadas” y da el derecho a MVS a insertar contenido en los noticieros.
Después de que Aristegui se negó a aceptar los lineamientos, el 16 de marzo, la compañía la despidió y a todo el equipo de investigación. Los lineamientos habrían creado “un noticiero maleable, sujeto a supervisión; un noticiero que no habría tenido la libertad editorial que había tenido hasta ahora”, comentó.
La libertad no era absoluta. Aristegui optó por hacer público el reportaje sobre la mansión en la Ciudad de México, conocida como la Casa Blanca, en su propio sitio web, en lugar de transmitirlo en el programa matutino. Dijo la semana pasada que en el periodo previo al reportaje, se había reunido con el presidente de MVS, Joaquín Vargas, quien le dijo que la transmisión en radio expondría a la empresa a demasiado riesgo. Le pidió “comprensión”, comentó ella.
En una declaración por correo electrónico, Vargas se negó a comentar sobre si tal conversación ocurrió, y mencionó la probabilidad de una demanda por parte de Aristegui. “Es falso que hayamos censurado a Carmen Aristegui para que no transmitiera el reportaje sobre la Casa Blanca en MVS”, dijo y señaló las “cientos de horas” de cobertura noticiosa en los últimos cuatro meses.
El ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, ha dicho que, debido a la forma en la que evolucionó la disputa, incluida la presentación de los lineamientos y una negativa de Vargas y su familia para negociar, “uno podría decir que, aparentemente, hubo una censura indirecta”.
Mariclaire Acosta, la directora del programa México en Freedom House, una organización con sede en Estados Unidos que se centra en la protección mediática, fue más directa. “Los periodistas incómodos sufrirán represalias”, dijo. Aristegui, añadió: “tocó intereses políticos, y hubo reacciones”.