Demócratas de California apoyan derechos de inmigrantes

Ante la ausencia de una reforma migratoria federal, los demócratas de California propusieron martes un paquete de 10 proyectos de ley para extender la atención de salud, derechos y protección laboral a los inmigrantes que viven de manera ilegal en el estado.
El presidente de la Asamblea, Toni Arkins, demócrata por San Diego, y el presidente del Senado, Kevin de León, demócrata por Los Angeles, encabezan la iniciativa del partido mayoritario para ampliar el seguro médico a todos los californianos, independientemente de su situación migratoria, aunque no propusieron la fuente de financiamiento para ese fin.
“Hoy le recordamos al resto de la nación que California es diferente”, dijo De León en conferencia de prensa en Sacramento a la que asistieron defensores de los inmigrantes y familias que tienen parientes que viven de manera ilegal en el país.
El paquete de medidas incluye asistencia para los 2,5 millones de inmigrantes que se calcula viven sin permiso en California a fin de que soliciten su naturalización si han sido víctimas de algún delito, y para los menores de edad inmigrantes que han llegado recientemente en grandes números tras cruzar la frontera a fin de que permanezcan en el país.
Otro proyecto prohíbe a los negocios discriminar a las personas por su situación migratoria, ciudadanía o idioma. Otras iniciativas buscan establecer una agencia estatal que ayude a los inmigrantes recién llegados; proteger a los inmigrantes de empleadores sin escrúpulos, y extender su protección legal para evitar su detención y deportación, según un resumen de los diversos proyectos de ley.
Los demócratas, que controlan el gobierno estatal y ambas cámaras de la legislatura, han dicho que quieren hallar los medios para que los inmigrantes no vivan a escondidas en el estado. Las 10 iniciativas ya fueron presentadas previamente, pero el martes las volvieron a promover legisladores que apoyan los derechos de los inmigrantes.
El líder de la minoría republicana en el Senado, Bob Huff, republicano por Diamond Bar, cuestionó los costos.
“Comprendemos las cargas que enfrentan los inmigrantes que desean ir a trabajar y criar sus familias en vecindarios seguros, y la justificación de dichos proyectos es admirable”, afirmó Huff. “Pero sin dinero del Congreso y del presidente Obama, será muy difícil y costoso para los contribuyentes de California financiar todas estas propuestas”.
California empezó este año a emitir licencias de conducir a los inmigrantes que están en el país sin autorización, y el Departamento de Vehículos Automotores ya ha recibido medio millón de solicitudes. California es también uno de varios estados en adoptar la Dream Act, que permite suministrar ayuda financiera universitaria a los mejores estudiantes que buscan la ciudadanía.
El senador Ricardo Lara, demócrata por Bell Gardens, volvió a presentar la propuesta SB4 para abrir a los inmigrantes el programa de seguro médico californiano Medicaid, como también la extensión de beneficios de salud en un nuevo mercado de seguro para los que no están de forma legal en el país.
La propuesta, que antes tenía un costo de 1.300 millones de dólares al año, se estancó durante el anterior ciclo en una comisión legislativa sin que hubiera manera de financiarla. Los republicanos también censuraron el costo de la ampliación.
Lara dijo que intenta reducir los costos mediante la búsqueda de una exención federal a fin de que los inmigrantes puedan comprar coberturas privadas en el mercado de seguros conocido como Covered California. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, no tienen derecho a la asistencia las personas que viven de manera ilegal en el país.
Según la iniciativa SB674 de De León y Atkins, los inmigrantes víctimas de un delito tendrán la oportunidad de solicitar la Visa Federal para Víctimas de Delitos conocidas como U-Visa. De León dijo que el proyecto de ley prevé que la policía local emita un certificado a los inmigrantes víctimas de tráfico de personas, violación y agresión sexual, en lugar de que “subjetivamente comiencen ellos mismos a hacer política de inmigración”.
El proyecto AB900, del asambleísta Marc Levine, demócrata por San Rafael, busca igualar la ley estatal con las normas federales de inmigración para maximizar el número de menores de edad inmigrantes que buscan regularizarse ante el flujo sin precedentes de niños que cruzan la frontera.
El gobernador Jerry Brown defendió el mes pasado las medidas executivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
El gobierno de Obama intenta amparar de la deportación a millones de personas que viven sin permiso en Estados Unidos. California es uno de los 14 estados junto con el Distrito de Columbia que han presentado un informe que apoya que sea retirada una orden judicial que impide la puesta en marcha de las medidas del presidente.
Si es levantada la orden judicial, la orden ejecutiva de Obama permitirá a centenares de miles de inmigrantes de bajos ingresos en California beneficiarse del Medi-Cal, el programa de asistencia médica del Estado.