El Municipio asignó dos contratos al despacho de la familia del Director del DIF de León, para que cobrara adeudos de predial y de obras por cooperación.
El monto de la cobranza que la Alcaldía de León asignó directamente al despacho ‘Oliveros Cabrera Abogados SC’ asciende a 115 millones de pesos. Las cuentas por cobrar son más de 11 mil 300.
Los contratos firmados con el despacho establecieron el pago de una comisión de 20% por la cartera recuperada.
La firma de los contratos se realizó en agosto de 2014, con vigencia hasta el 9 de octubre de 2015.
Del monto total de cobranza asignado al despacho Oliveros Cabrera, 85 millones 714 mil pesos corresponden al Fideicomiso de Obras por Cooperación (Fidoc) y 30 millones son cuentas atrasadas del predial.
El despacho al que se asignó la cobranza lo encabeza Juan Carlos Oliveros Cabrera, papá del director del DIF de León, Juan Carlos Oliveros Sánchez, y tiene su domicilio en Celaya.
Sus hermanos Martín Marcelo y Alfonso Oliveros también colaboran en el despacho.
AM solicitó una entrevista con el Director del DIF para conocer su postura, pero se negó a responder.
Tampoco accedió a hablar el director de Servicios Generales, Christian Jones Albo (quien firmó el contrato), con el argumento de que “hay veda electoral”.
En respuesta a peticiones de información realizadas por AM, el Municipio entregó un escrito sin membrete en el que aseguró que los contratos con el despacho de Oliveros fueron cancelados anticipadamente.
Sin embargo, no se mostró el documento oficial que demuestre la cancelación.
El primer contrato
Arturo Zapien Álvarez, director de Ingresos del Municipio, informó que se contrató al despacho Oliveros Cabrera para que auxiliara en la cobranza del impuesto predial, que en algunos casos tiene rezagos de 10 años a la fecha, con monto estimado por recuperar de 870 millones de pesos.
Precisó que al despacho Oliveros Cabrera se le entregó una cartera vencida de antigüedad de entre 8 y 10 años, que asciende a 30 millones de pesos.
Ese monto está distribuido en 4 mil 20 cuentas.
El funcionario aseguró que el despacho recuperó en seis meses 794 mil 845 pesos de 125 cuentas.
Del dinero recuperado, la Dirección General de Ingresos ya entregó el 20% de comisión acordado en el contrato como pago de honorarios.
Esa comisión asciende a 158 mil 969 pesos, la cual fue pagada de la misma cartera recuperada, por lo que sólo ingresaron a la Tesorería 635 mil 876 pesos de impuesto predial.
Zapien Álvarez comentó que con los esfuerzos normales de cobranza que llevaba la Dirección de Ingresos, no se ha podido lograr la recuperación de cartera vencida.
Por eso -añadió- la propuesta de cobranza que presentó el despacho de Oliveros les pareció viable, para recurar el rezago de cuentas.
El segundo contrato
El Fidoc, que encabeza Nelly Gutiérrez Ramos, tenía hasta agosto de 2014 una cartera vencida de 125 millones 678 mil 905 pesos, correspondientes a 10 mil 733 deudores.
Esta dependencia también contrató al despacho del papá del Director del DIF para que le ayudara a realizar la cobranza.
El contrato se hizo el 15 de agosto de 2014, con vigencia al 9 de octubre de 2015.
La cartera vencida asignada al despacho fue de 85 millones 714 mil 710 pesos, correspondientes a 7 mil 302 personas.
Es decir, se otorgó el equivalente al 68% de la cartera al despacho de Oliveros.
En este caso, el pago estipulado fue del 25% del total de la cartera recuperada.
En un periodo del 15 de agosto del 2014 al 31 de enero 2015, el mencionado despacho recuperó 4 millones 072 mil 723 pesos, de los cuales Oliveros Cabrera Abogados obtuvo una comisión de un millón 18 mil 180 pesos.
La contratación del despacho sirvió de poco. En vez de reducir la cartera vencida, se incrementó, pues a febrero de 2015 ya ascendía a 129 millones 435 mil pesos.
A principios del presente año, el Fidoc contrató a otro despacho para que lo apoyara en la cobranza.
Sin embargo, al despacho “Soluciones Empresariales en Cobranza SC” se le estipuló una comisión más baja que la de Oliveros Cabrera, del 20% como pago por recuperación de cartera vencida.
La justificación
En un escrito sin membrete, enviado a la reportera por whatsapp, el Municipio intentó justificar la contratación del despacho de Oliveros.
El escrito se envió tras la negativa de una entrevista con el director de Servicios Generales, Christian Jones Albo.
El texto menciona que en una reunión del Comité Técnico, de fecha 16 de julio de 2014, se solicitó al Fidoc verificar si era viable y conveniente contratar un despacho externo para recuperación de cartera de cobranza, “en el entendido de que se pagaría de la propia recuperación que hiciera el despacho”.
De esta forma -añade el escrito- “el Fidoc se dio a la tarea de allegarse de curriculum de algunos despachos, presentándose entonces cuatro cotizaciones”.
Los despachos que supuestamente presentaron cotizaciones fueron: Oliveros Cabrera Abogados SC, Soluciones Empresariales en Cobranza, Nájera Arredondo Contadores y Abogados SC y Cardiel Pérez Consultores SC.
Según el documento sin membrete, el primer despacho pedía una comisión del 25% del total recuperado, el segundo del 30%, el tercero del 35% y el último solicitaba además un pago extra fijo por manejo de cartera.
Fue en base a estas propuestas, que se asignó el contrato a Oliveros.
Cabe aclarar que no se trató de una licitación, sino que fue el propio Municipio el que eligió los despachos que presentaron cotizaciones.
Que ya renunció
El mismo documento sin membrete enviado por un funcionario municipal, asegura que el despacho de Oliveros solicitó el vencimiento anticipado de contrato, sin especificar las causas.
Supuestamente el 31 de diciembre de 2014 el abogado Juan Carlos Oliveros Cabrera, director general del despacho, envió una carta al Fidoc en la que mencionaba que por así convenir a sus intereses, pedía la terminación de la relación contractual a partir del 31 de enero de 2015.
Óscar Ortiz Piña, director de Ejecución del Municipio, aseguró que también la Tesorería canceló a partir de febrero el contrato con el despacho de Oliveros, “porque le fue incosteable”.
Ni el Fidoc ni la Tesorería mostraron el documento que compruebe la terminación del contrato, pese a la petición formal de la reportera.
Y beneficiana su chofer
En noviembre del año pasado, AM reveló que el Municipio había asignado contratos por más de cinco millones de pesos a una organización creada por funcionarios vinculados a Juan Carlos Oliveros Sánchez, director del DIF en León.
El tesorero de ‘Ser Soluciones Responsables’ es Ricardo Romero Tapia, quien trabajaba como chofer de Oliveros.
El presidente fundador de la misma asociación es Ramiro Salazar Moreno, quien laboraba en la dirección de Presupuesto Participativo, dependencia que estaba a cargo de Oliveros antes de que ingresara al DIF.
Ivette Guadalupe Aguilera Venegas, otra de las socias de ‘Ser Soluciones’, era la coordinadora de nutrición en el DIF municipal.
Y el coordinador de capacitación de la misma sociedad es el chileno Patricio Arias Rojas, quien conoció a Oliveros en España, donde ambos fueron compañeros de estudio en una maestría.
Niegan conflicto de intereses
Funcionarios de la Tesorería Municipal negaron haber incurrido en conflicto de intereses o faltas a la Ley, al contratar a un despacho vinculado al Director del DIF.
El director de Oliveros Cabrera Abogados SC es el papá de Juan Carlos Oliveros Sánchez, titular del DIF de León.
A ese despacho se asignó la cobranza de más de 115 millones de pesos del Municipio.
Según el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas en Servidores Públicos, se prohíbe a los funcionarios intervenir por sí mismo o “por interpósita persona” (intermediario o prestanombres) en contrataciones, obras o adquisiciones con empresas en las que participen familiares en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, independientemente del origen de los recursos presupuestales.
Los funcionarios consultados argumentan que no fue el Director del DIF quien contrató al despacho de su papá, sino otra dependencia municipal, por lo que no se incurrió en violación a la Ley.
Oscar Ortiz Piña, director de Ejecución, recalcó que Juan Carlos Oliveros Sánchez pertenece a una dependencia distina a la que el despacho de abogados está brindando los servicios de cobranza.
“No veo yo conflicto de intereses, además no tenemos ningún nexo con la dependencia ni con el familiar. Esta área es operativa y sólo evaluó la viabilidad de la propuesta, por lo que no hizo la contratación”.
El Director aseguró que inicialmente no requerían de los servicios del despacho de abogados, ya que el área a su cargo estaba llevando la cobranza.
Sin embargo, dijo que una vez que el despacho celayense se acercó a presentar una propuesta, la Dirección General de Ingresos la vio viable y se le contrató.
“Son dos situaciones muy distintas el DIF y el procedimiento administrativo de ejecución. Además, con independencia del parentesco no lo estamos contemplado o tomando en cuenta, es simplemente un despacho que ofrece servicios profesionales”, justificó Ortiz Piña.
“El conflicto de interés se le achaca al funcionario público que lo contrata de manera directa para su dependencia. Si el DIF hubiera contratado este despacho, pudiera ser que sí cabría un conflicto”, coincidió el director general de Ingresos del Municipio, Arturo Zapien Álvarez.
Estimó que la deuda del predial de 10 años a la fecha se estima en 870 millones de pesos, de los cuales 30 millones se le dieron para cobrar al despacho de la familia Oliveros.