Con el Sistema Nacional Anticorrupción ahora se sancionará a los servidores públicos, pero también a instituciones particulares que reciban recursos públicos de manera ilegal.
“Además la Auditoría Superior de la Federación ya tendrá facultades para fiscalizar todos los recursos públicos federales que se otorguen a municipios o estados, aunque provengan de un crédito o deuda y sancionar”, dijo el senador Fernando Torres Graciano.
Además informó que se amplió el plazo para la prescripción.
“Los delitos van a prescribir siete años después de que se presente la denuncia en casos de corrupción. Antes eran sólo tres”, comentó.
Añadió que esta disposición es retroactiva, por lo que se podría investigar los casos de corrupción de servidores públicos.
En conferencia de prensa se le cuestionó si podría aplicar esta ley contra el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y dijo que sí.
“Pues sí. Cuando se dice que no hay avances contra la corrupción, qué más avance se quiere que éste”, subrayó.
El legislador panista dijo que si se demuestra que empresas particulares participan en actos de corrupción se les sancionará con la prohibición de participar en licitaciones y eliminarlas de la lista de proveedores del Gobierno, además de aplicarles sanciones.
“En corto plazo, tanto lo que es acceso a la información, con el Sistema Nacional Anticorrupción, creo que van a darle a este país los mecanismos e instrumentos que le permitan regresar la confianza a la ciudadanía respecto a políticos y orden público”, aseveró.
Añadió que con el Sistema Anticorrupción se está modificando el esquema del Tribunal Fiscal para convertirse en un Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar a los servidores públicos corruptos.
Dijo que en el Sistema Anticorrupción se crea la figura de extensión de dominio, “cuando se considere que hubo enriquecimiento ilícito de algún funcionario”.
Pero aclaró que sólo el Presidente de la República estará exento.
Torres Graciano añadió que otro tema en el que insistirán es el desafuero para los políticos o funcionario corruptos.
Destacó que se dará autonomía al titular de la Secretaría de la Función Pública, que será nombrado por un Comité, y ya no por el Presidente de la República.
Ante las reformas de la Ley de Transparencia y Anticorrupción, los Estados tendrán que hacer adecuaciones a sus leyes, al código penal y a las leyes federales.
Finalmente, dijo que con todas estas modificaciones se busca recuperar la confianza de los ciudadanos.
Exigen transparentar recursos otorgados a diputados
Los diputados federales no deberían recibir premios por su trabajo, mucho menos manejar los recursos públicos de manera discrecional, dijo ayer la candidata a diputada federal por el PRI-Verde-Panal, Verónica García Barrios.
“Los diputados, tanto locales como federales, reciben un buen sueldo como para que tengan apoyos de otra índole; he visto que tienen apoyos, como un tipo de incentivo o recompensa por la asistencia a las comisiones o a las sesiones del pleno”, comentó.
“Creo que para eso se les paga y mucho menos deben manejar recurso público de forma discrecional, lastima mucho a la sociedad”, agregó.
De marzo de 2014 a febrero de 2015 a las bancadas en la Cámara de Diputados se les entregaron mil 193 millones de pesos para gasto “discrecional”.
La candidata priísta exhortó a los diputados que formen parte de la siguiente Legislatura a revisar qué modificaciones se pueden hacer para eliminar cualquier truco para no hacer público el uso de recursos que ejerzan.
“El Partido Acción Nacional, en todos los niveles y poderes de Gobierno, exigirá acabar con la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos”, garantizó Héctor López Santillana, candidato del PAN a la Alcaldía de León.
“Nosotros vamos a apostarle a cero discrecionalidad en todos los ámbitos, mientras que no eliminemos la discrecionalidad se va a prestar a la falta de transparencia, a la corrupción y a los moches, en todos los ámbitos, en el Ejecutivo, en el Legislativo y Judicial”, garantizó.